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Huelga de hambre en el penal de Suárez

Siete de los doce pabellones de la unidad 48 del Complejo Conurbano Norte de José León Suárez permanecen en huelga de hambre. Es en reclamo ante la situación carcelaria y el avance del Covid-19. Piden que los jueces cumplan con lo que han ordenado las máximas autoridades de la provincia. Aseguran que las autoridades judiciales les dijeron que «no van a dialogar con ellos mientra mantengan la postura de no recibir los alimentos».

«Nos declaramos en huelga de hambre el 20 de abril pero aún no tuvimos una respuesta. Seguiremos con esta medida hasta que nos den una solución. Estamos organizados y tenemos un petitorio», explica a Zorzal Diario, Abel Díaz, estudiante de la carrera de sociología, que el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) dicta en ese penal. 

Díaz, de 43 años, cuenta que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) les propuso una mesa de dialogo cuando iniciaron el reclamo «pero no avanzamos porque faltaban otros compañeros, que también tienen que participar. Entre nosotros no existe el individualismo, somos un colectivo».

«Todo lo que está sucediendo es porque la justicia, en medio de esta situación caótica, cierra la puerta y se va a su casa. No nos brinda ninguna solución y no quieren resolver sobre lo que ya ordenaron sus superiores »

El martes pasado surgió una nueva mesa para tratar el tema, de la cual participó Víctor Violini, juez del Tribunal de Casación Penal provincial. El magistrado explicó su fallo, en el cual dispone «despoblar las cárceles». Ese día también estuvieron en el cónclave, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el juez de ejecución penal Alejandro David, Defensoría General de Lomas de Zamora, el cura villero José «Pepe» Di Paola, referentes de distintas organizaciones sociales y los miembros del Centro de Estudiantes Universitarios «Azucena Villaflor», que funciona en ese establecimiento.

«En esa oportunidad surgió la necesidad de ampliar el diálogo con representantes de las distintas unidades. Todo lo que está sucediendo es porque la justicia, en medio de esta situación caótica, cierra la puerta y se va a su casa. No nos brinda ninguna solución y no quieren resolver sobre lo que ya ordenaron sus superiores», asevera Díaz.  

Cabe estacar que los últimos fallos que dictaron las máximas autoridades del Poder Judicial provincial, indican en forma clara y precisa, que los jueces deben descomprimir las cárceles. Además, ordenaron liberar a los grupos de riesgo, mujeres embarazadas y con hijos, personas que estén por delitos leves y a quienes estén en condiciones de acceder a un beneficio liberatorio. «Sabemos que los defensores generales realizaron una presentación a la gobernación para que ordenen conmutaciones de penas», agrega el estudiante de sociología.  

«Todo esto nos genera mucha incertidumbre y no sabemos como seguir, porque el panorama cambia todos los días. Las autoridades tienen que reconocer que el modelo que tienen en vigencia está agotado»

«Queremos saber lo que pasa con la legislación penal provincial, entendemos que es algo mucho mas amplio. Es justamente por eso que necesitamos una mesa de dialogo, para poder tratar todos los problemas que aquejan a la población carcelaria. Cuando declaramos la medida, vinieron representantes de varios organismos judiciales. Pero nos dijeron que si mantenemos nuestra postura de no recibir los alimentos, no van a dialogar con nosotros», continúa detallando Díaz.

El detenido asegura -desde su mirada sociológica- que la negativa de la Justicia, de no querer dialogar con los representantes de distintas unidades, es lo que «produjo el motín en la unidad 23 de Florencio Varela que trajo como consecuencia un pibe asesinado a balazos. Es culpa del abandono jurídico. Todo esto nos genera mucha incertidumbre y no sabemos como seguir, porque el panorama cambia todos los días. Las autoridades tienen que reconocer que el modelo que tienen en vigencia está agotado», finaliza subrayando Díaz.

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