Ancianos de los hogares San José y Santa Ana quedarán en la calle

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pretenden transferir los hogares de ancianos, San José y Santa Ana de San Martín, al Programa de Atención Medica Integral (Pami). Vecinas del barrio se oponen a la decisión del Gobierno, porque “es una estrategia para seguir achicando el Estado”. Preocupa la situación de los abuelos que no tienen familia, porque muchos de ellos quedarán en la calle.

Evita Morales, de 62 años, quien trabajó en estas instituciones, es una militante activa y encabeza el reclamo de toda la vecindad de Villa Concepción. “Hay abuelos que no tienen obra social y esta medida implica que abandonen el hogar. Algunos de ellos no pueden auto valerse para la vida cotidiana. Los que son independientes quedarán en situación de calle. El Gobierno está haciendo esto porque teniendo la tutela de estas instituciones, y por eso tiene que destinar 60 mil pesos en forma mensual por cada anciano”, explica Evita, a Zorzal Diario.

Y continúa:”Si la transferencia se concreta, los abuelos ya no podrán realizar tareas. Es decir, lo hogares de Pami son cerrados, pero acá hay muchas personas que necesitan salir. Otra de las cosas negativas, es que van a separar a los que tienen problemas psiquiátricos y nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque hacemos valer los derechos de las personas”.

En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación funciona la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, y dentro de esta última entran los adultos mayores. Los vecinos sostienen que “la decisión de transferir es inconstitucional y vulnera los derechos de los más necesitados”.

Cabe destacar, que en el marco de la reglamentación de estos hogares, la Ley 26.061 en su artículo 70 refiere que el Gobierno Nacional debe acordar con la autoridad provincial y municipal para tomar una decisión de esta magnitud. “Es ilegal lo que quieren hacer, es por eso que estamos unidos y organizados para reclamar los derechos de nuestros viejos. Con esta medida les van a robar entre el 60 y 70 por ciento de sus ingresos y hay que tener en cuenta que ya no tienen descuentos para comprar remedios. Los abuelos necesitan comprarse cosas de uso personal y esto los limita”, se queja Evita.

Parece ser que la decisión del Gobierno nacional resulta negativa para quienes habitan los hogares San José y Santa Ana ubicados en la calle Campos, en el partido bonaerense San Martín. Si se concreta el traspaso, el Estado dejará de ser garante de los que más necesitan, de la gente más pobre, de aquellos que precisan ser acompañados y atendidos a diario.

“Es terrible e inhumano lo que pretenden hacer, porque conozco viejos que están ahí y no tienen familia, jubilación, ni pensión. Ellos quedaran literalmente en la calle. De esta manera el Estado está violando la Convención Interamericana, porque existe la Ley 27.360 que ampara los derechos de los adultos mayores. Pami solo recibe a personas auto validas, no personas con dependencia. Y habrá hacinamiento en gran manera porque los amontonan”, denuncia Evita, con vehemencia.

Lo concreto es que pretenden arrebatarles la alegría a los ancianos, porque esa es su casa, en la cual conviven como una gran familia. Son hogares de puertas abiertas donde los abuelos realizan actividades: una de las ancianas es vendedora ambulante, otra trabaja en la playa de estacionamiento de un aeroparque.

Las mujeres y hombres que están alojados en San José y Santa Ana, son parte de la comunidad, participan en actividades que realizan en el barrio. Allí abuelos y niños cada tanto reciben a los artistas de la zona que se acercan para brindarles un show. Sin embargo, el Estado pretende romper con todos estos derechos y valores humanos que sostiene vivos a los más viejos.

Por Jesús Cabral // Fotos: Evelyn Schonfeld