Cuarentena en el penal de Suárez: un fallecido y pedidos de atención medica

Preocupa la situación de las personas privadas de la libertad ante el avance del virus Covid-19, la cuarentena y el hacinamiento extremo en los establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El Complejo Conurbano Norte está ubicado sobre los célebres basurales de José León Suárez, donde funcionan las unidades 46, 47,48 y la Alcaidía Departamental San Martín. Allí durante la primera semana de abril falleció un detenido. Se trata de un hombre de 51 años que “sufrió una hemorragia digestiva”.

Desde la provincia aseguran que han implementado técnicas de prevención para mitigar un posible brote en los penales. Los detenidos denuncian que están enfermos, que no les brindan atención médica y que muchos de ellos están pasados de los beneficios liberatorios.

En los últimos años ésta población ha crecido en manera significativa, como así también la precariedad institucional. La falta de medicamentos y profesionales de la salud, a lo largo de 2019, se cobró las vidas de: Patricia Solorza -acusada de haberse realizado un aborto clandestino- Natalia Martínez, Rodrigo Miño y dos personas más de las cuales no trascendieron los nombres. 

Según los datos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), las cárceles están a un nivel hacinamiento extremo: casi un 120 % de sobrepoblación en penales y 250% en comisarías. Son lugares donde el amontonamiento de presos es de 1.000 %  y en algunos casos 3.000 %.

Un vocero de la provincia expresó a Zorzal diario que han implementado “una batería de medidas de prevención”. Contó que Salud Penitenciaria elaboró un protocolo de contingencia por el Covid-19, “con líneas de acción para los internos, los penitenciarios y el personal médico”. Desde infectología están dando charlas de prevención, “en las que se aconseja el lavado de manos frecuente, mantener ventilados los pabellones y celdas. También el baldeo continuo con agua y lavandina”.

Las autoridades provinciales realizaron, en lo que va del mes de abril, varias reuniones virtuales, en el marco del Comité de Crisis. Este fue creado el 19 de marzo para afrontar la problemática carcelaria y atender la superpoblación. En esta línea los funcionarios pudieron ver que al día de hoy el sistema penitenciario cuenta con sólo 24 mil plazas pero aloja a 44.706 internos en cárceles, y a 4.100 en comisarías; en tanto 1.907 están con monitoreo electrónico, lo que genera un total de 50.703 personas prisionizadas en la órbita bonaerense.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, informó a este diario que autorizaron a que los familiares de los detenidos puedan circular hasta los penales para dejar alimentos y medicamentos. También que elaboraron un plan contingente de asistencia psicológica para abordar los efectos secundarios de la pandemia: el miedo, el ánimo y la ansiedad.

Durante los primeros días del mes en curso, falleció un detenido en la unidad 46: “Desde el Ministerio nos informaron que Ricardo Conti Verón murió de una hemorragia digestiva. Lo atendieron en el penal y luego lo trasladaron extramuros”, explicó Roberto Cipriano García, secretario de la CPM. Y agregó que esta persona de 51 años: “Empezó a escupir sangre mientras lo llevaban al área de sanidad. Es todo lo que sabemos y estamos esperando los resultados de la autopsia”.

Según los datos de la CPM el 15 % de la población carcelaria total de la provincia, está presa por delitos menores como ser: hurto o robos en grados de tentativas. Otras 6 mil personas están por delitos que en realidad no lo son, como ser, tenencia de estupefacientes y consumo personal. En este sentido, la Corte Suprema de la Nación ya ordenó que no se detenga a estas personas, pero en la práctica no se cumple. 

La Sala 1, del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, resolvió la semana pasada la presentación de un hábeas corpus colectivo y correctivo caratulado: “Personas privadas de la libertad en el servicio penitenciario, alcaidías y comisarías de la provincia”.

El escrito fue formulado por el defensor oficial, Germán Kiefl denunciando la ilegalidad e inconstitucionalidad de las condiciones en las que se cumplen las condenas en el encierro. Al hacinamiento e inhabilitabilidad de las dependencias penitenciarias y policiales, ahora se suma la situación de emergencia suscitada por la pandemia generada por el virus Covid-19.

La resolución detalla que las personas que se encuentren en situación de riesgo, pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves, “siempre conforme a los listados aportados, las actualizaciones que vayan proporcionándose y que acompañan cada situación, sea analizada por parte del Juzgado o Tribunal que tiene a su cargo a cada persona detenida”.

El fallo ordena que los jueces de ejecución que tengan a disposición condenados sin sentencia firme y, se encuentren en un plazo de seis meses de agotar la pena, o en condiciones temporales de acceder a los beneficios de libertar asistida o condicional, “se evalúe la necesidad de disponer de manera extraordinaria y por única vez, de la detención domiciliaria”.