Intento de desalojo: “Solo queremos una vivienda digna”

Hubo un nuevo intento de desalojo ilegal en plena pandemia. Esta vez en el barrio 13 de Julio de José León Suárez.

Durante la mañana del lunes 19 de mayo la policía bonaerense intentó desalojar de manera violenta a más de 50 familias que querían construir sus casas en un terreno lindero al barrio 13 de julio. 

El espacio donde se busca construir viviendas pertenece una mitad al ferrocarril y la otra mitad al Ceamse. Donde termina la calle San Martín, se abre un pasillo que desemboca en el fondo del barrio 13 de julio, de José León Suárez. 

Allí, dos hileras de policías, con escudos y escopetas, se asomaban por detrás de la montaña de basura. Justo en el mismo lugar donde días antes los vecinos encontraron el cuerpo sin vida de María Angelica Andrada.

Al costado de las vías del tren otro grupo de oficiales arrancaban los árboles recién plantados y a los empujones sacaban los tirantes de madera donde después se colocarían las chapas para los techos.

“Vinimos por un llamado al 911 por una toma de terrenos. Este es un delito infraganti, a raíz de eso yo mantengo comunicación con la fiscalía Nº 3 de San Martín y me dispone el cese de la toma y que se retire la gente”, afirmó el comisario Báez.

Cabe destacar que, Baez, es nuevo en su cargo. El ex responsable de la comisaría 4ª de Suárez, habría sido removido por la violación del decreto nacional que prohíbe los desalojos en plena cuarentena, semanas atrás cuando derribó violentamente la casa de dos mujeres en el mismo barrio.

“Cuando llegaron les pedimos la orden de desalojo y no tenían nada para mostrarnos. Se tiraban la bola diciendo que era del municipio y de una fiscal”, contó la referente de la organización Libres del Sur, Melisa Caseres.

“La municipalidad me atendió y dijo que no había ninguna orden de desalojo de parte de ellos. Los policías vinieron muy violentos y acá está lleno de chicos, mujeres embarazadas, gente grande”, finalizó Melisa.

Los vecinos y vecinas llevaban varias semanas limpiando el terreno y desmalezando. Trabajadores camioneros del lugar se acercaban para darles tierra y escombros que le servirán para rellenar las partes del terreno que estaban inundadas. 

“No podemos hacer nuestra casa arriba del agua”, afirmó un vecino, quién también contó que la policía municipal le habría advertido a los camioneros que dejen de darles tierra porque sino iban a ir presos.

“Hay muchas familias que necesitan y hay mucho terreno. Solo queremos una vivienda digna”, dijo Rossana Silva, quien lleva adelante un comedor comunitario en el barrio.

Desde las organizaciones que estaban presentes para mediar en el conflicto, se propuso un momento de diálogo con los responsables del operativo. 

“Nosotros buscamos la posibilidad de construir una salida pacífica, lo que creemos necesario es establecer una mesa de negociación entre el municipio, la gente y la fiscalía. Porque, quien denuncia para que no se usurpe este terreno, tiene su derecho, pero los vecinos también tienen derecho a vivir dignamente, sobre todo en este contexto de pandemia”, expresó el responsable del Movimiento Evita, Leonardo Rebolino.

A partir de una denuncia realizada al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), acudió al lugar el abogado responsable de la institución, Emiliano Montini, quién refiriéndose al comisario, afirmó: “Ustedes no tienen una orden de desalojo, la fiscalía no la emitió, estamos en una situación que tenemos que resolver. Las órdenes de desalojo tampoco las emana la fiscalía, lo hace un juzgado de garantías y aún si la emitiera una fiscalía tiene que estar validado por un juzgado de garantías de la provincia. Estoy seguro que el juzgado ni está enterado de todo esto”.

También muchas de las personas que buscaban construir su hogar en ese espacio, comentaron sobre las situaciones de desalojo que vivieron en las casas que alquilaban en el barrio.

“El Estado en San Martín y la policía deberían dedicarse a controlar a los que más tienen y no a perjudicar y desalojar a los más pobres”, expresó Mariano Montenegro, uno de los responsables de la organización “Inquilinos San Martín”, quien también acudió al lugar del conflicto. 

A partir de la cuarentena social establecida hace más de sesenta días, cada vez se hace más visible la delicada situación de las personas que viven en los barrios más humildes.

“Esto desnuda una problemática real que hay en el barrio de vivienda y hábitat que hay que resolver. No es la violencia el camino, menos en esta cuarentena. Lo que los vecinos intentan es construir sus viviendas y vivir más dignamente, en un contexto muy difícil”, explicó el referente de Somos, Joaquín Massa.