Cuenta regresiva para la cultura: Recorte, corte y represión

16 abril, 2022
Vanina Pasik
@LO ÚLTIMO

Uno de los articuladores de la resistencia cultural modelo 2022, Juan Mascaró, presidente del DOCA y director de “Escuela Bomba” (sobre la tragedia de Sandra y Rubén en Moreno), analiza el estado de situación y los problemas de fondo para el desarrollo de una cultura con espacio para todos: la industria millonaria de exportación y el desarrollo de nuevas voces, que registren historias que son necesarias. Diálogo con Zorzal Diario desde Merlo.

Los sectores de la cultura alertaron desde las calles por un riesgo inminente para el desarrollo de nuestra cultura autóctona: se estarían vaciando el INCAA, la CONABIP y el FOMECA, si no se logra sancionar una ley que impida la aplicación de un decreto macrista de 2018. Si bien el sector ya se encontraba en crisis, ahora se ha encendido la cuenta regresiva, porque el último día del 2022 desaparecerá el sistema por el cual históricamente se financió la industria cultural.

Los grandes medios de comunicación se sumaron a transmitir la protesta en la puerta del Instituto Nacional del Cine, el pasado lunes 11 de abril. Ganó centralidad en la agenda debido (en parte) a la represión que ejerció la policía de la Ciudad, tratando de cumplir con el expreso mandato de Rodríguez Larreta de impedir los cortes de calle, y mantener -al menos- un carril libre.

La protesta se cargó a Luis Puenzo, director de la ganadora del Oscar “La historia oficial”, que oficiaba como presidente del INCAA. Se lo acusaba de cerrado, caprichoso, maltratador. Si bien hay un predominio peronista entre los sectores que activan alrededor del organismo, y fue recibido con optimismo, pensando que su conocimiento desde adentro iba a ser favorable, las características de su personalidad y su falta de experiencia en gestión le jugaron en contra. La prestigiosa ENERC no pudo aún comenzar las clases ni renovar sus autoridades.

La suma de muchos errores y dilaciones generaron este escenario a punto de estallar. Hay una ley que cuenta con estado parlamentario, presentada por el diputado cordobés Pablo Carro, acompañado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Gerardo Martínez. Los problemas internos de la alianza oficialista y la posición cada vez más polarizada de las fuerzas opositoras, completan un escenario poco optimista.

El corte y la represión

Hubo dos estudiantes detenidos y Juan Mascaró, el presidente de la asociación de documentalistas DOCA y unos de los articuladores de la resistencia, que fue retenido en la vía pública, a unas diez cuadras del lugar, en Carlos Calvo y Avenida 9 de julio.

Juan Mascaró atiende a Zorzal Diario el viernes a la mañana, postergando más de 100 mensajes que aún tenía sin responder. “Los dos estudiantes la pasaron bastante peor que yo”, aclara primero. Considera que el accionar policial no fue producto de exabruptos imprevistos por el personal de calle, sino que fue “orquestado”. En primer lugar no había interlocutores con quienes acordar el uso del espacio público, y en segundo lugar, los agentes presentes “provocaban” a la multitud con agresiones y exagerando la ostentación de los elementos de infantería, que ya de por sí son intimidantes.

La protesta se superpuso con la semana de negociaciones del bloque piquetero de izquierda, intentando acampar en 9 de Julio y Belgrano, a la vera del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y la clásica demagogia punitiva del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en defensa de la libre circulación del tránsito, un eje en el que compite con el joven legislador liberal que Milei supo conseguir.

Los motivos de(l) fondo

Con la vuelta del FMI, en 2017, se sancionó una ley que establecía que los fondos destinados al cine en particular y al desarrollo de la cultura y de muchos medios modestos, como Zorzal Diario, se verían sometidos a la discrecionalidad con la que se manejan todos los fondos del ejecutivo. La norma entraría en vigencia el 31 de diciembre de 2022, y esto sólo puede detenerse mediante la sanción de una ley.

Esto quiere decir, que según la inspección del FMI, nuestra sostenibilidad como país se veía afectada negativamente por cómo se invertía plata en la cultura. Sin embargo, haciendo números finos, la cultura puede traer dólares frescos, activar circuitos productivos, fomentar el consumo, y dejar un saldo positivo en el plano estrictamente económico.

El recorte

En resumidas cuentas, el macrismo abrió la puerta y el siguiente pasó fue darles la razón. El fondo de fomento para medios comunitarios y pueblos originarios sufrió un ajuste del 66% en 2018, a través del decreto 1053. Y además, desde el 31 de diciembre de 2022 los organismos de la cultura perderían la autonomía para decidir cómo se reparte lo recaudado.

El Fondo de Fomento se conforma con aportes propios de la cultura: como el Enacom por las películas que se pasan por los canales de televisión y el Incaa a través del 10% de cada entrada de cine, etc. El tema, luego, es ver cómo se reparte eso que se recauda, para seguir produciendo: ya sea entreteniendo, reflexionando, cuestionando, conmoviendo, o contando historia. Las nuevas plataformas todavía no fueron reguladas, para que los contenidos que se consumen a través de ellas también aporten al desarrollo de la industria cultural.

Mascaró advierte que existe “un sector beneficiado” por la concentración del Fondo de Fomento que se queda con el 80% del total, y el 20% restante se reparte un poco más. Aunque no son perspectivas contradictorias, es política la decisión respecto de cómo cada gestión plantea esta ecuación.

Lo esencial es invisible para el FMI

“DOCA defiende la diversidad”, aclara Mascaró. Y lamenta que para algunos hay algunas producciones que no merecen la calificación de “cine”, y se ven descalificadas tratándolas como de “agitación política”, o películas que nadie quiere ver.

Actualmente, de los 1.500 millones de pesos que hay para repartir, hay 15 películas que se llevan el 90%, y que son producidas por conglomerados, asociados con plataformas o canales de televisión nacionales. El 10% restante se reparte entre películas más chicas, o para “audiencias medias”, que implican viajes, o equipos más sofisticados, pero no llegan al nivel de la industria de exportación.

Si bien en esta caracterización económica se esconde una disputa por los lenguajes, los temas, o hasta las historias que necesitan documentarse y ser narradas para existir como parte de nuestro repertorio nacional, la industria, y la perspectiva mercantil también es reconocida por el presidente de DOCA. “Defender, cuidando que nadie cope la parada, decimos”, y esto se subraya.

Es dudosa la forma en que se contabilizan las películas vistas en Netflix, como los dos supuestos millones que vieron Granizo, porque hay mucha gente que entra y sale, sin verla. “En las salas es mínima la cantidad de gente que se para antes de que termine la película”, recuerda Mascaró. Si bien existe una disputa entre el cine de autor y el cine más comercial, es cierto que no son islas, sino que mantienen vasos comunicantes, como muchos trabajadores empleados en la industria que se postulan con sus propias producciones, o incluso jóvenes cineastas que “la pegan” y dan un salto desde las orillas y son absorbidos por los conglomerados.

Además, “lo malo construye lo bueno” y es necesario que se arriesgue, que se financie la producción de jóvenes como una apuesta a futuro. Y los públicos se construyen: “¿quién hubiera pensado que el canal Encuentro iba a funcionar tan bien?”, remata Mascaró. “Hay mucha gente a la que le interesa ver documentales, por las historias que cuentan, por las historias de los directores, por un montón de motivos”.

Su última película, “Escuela Bomba” que cuenta la historia de la explosión de la escuela 49 de Moreno, en la que fallecieron Sandra y Rubén cuando preparaban el desayuno para los alumnos, ya fue vista por más de 15 mil personas. El Fondo de Fomento le aportó apenas 80 mil pesos. Son 12 pesos por espectador. “¿Cuántas películas logran esta ecuación?”, se pregunta el director, y pone en duda que las ficciones con actores reconocidos tengan un mejor resultado comparando aportes públicos con cantidad de espectadores. Los 80 mil pesos apenas le alcanzaron para pagar al colorista y el sonidista en la etapa de posproducción: todo lo anterior provino de otros medios.

El sector ya venía en crisis, por los cambios tecnológicos, por la pandemia, por los recortes macristas. Las desigualdades y las disputas narrativas que sanamente coexistieron, hoy pasan a segundo plano, ante el riesgo mayor de desaparecer. Ante este panorama, la organización del sector se ha robustecido, aunque está por verse quién se anima a representarlos en el Congreso.