Siete de cada diez chicos son pobres en nuestro país, según el último relevamiento presentado por Unicef en el primer semestre del año. En tanto, el presupuesto asignado este año a programas para niños, niñas y adolescentes disminuyó un 18% en términos reales, en comparación con 2023.
Se estima que siete millones de niños viven en hogares con ingresos inferiores a la Canasta Básica, y tienen vulnerado al menos un derecho fundamental como: educación, protección social, vivienda adecuada, o el acceso al agua potable. El 27% de ese número se encuentra en situación de indigencia. Del informe también se desprende que un millón de chicos se van a dormir todas las noches sin comer.
“El aumento de los precios y el estancamiento económico desde hace más de una década han incidido en la capacidad de generación de ingresos de millones de hogares con niñas y niños”, advirtió el comunicado de UNICEF.
En este contexto, los recursos presupuestarios de este año destinados a niñas y niños es un 18% menor respecto de 2023. La asignación de recursos del 2024 fue la más baja desde 2004. Este ajuste impacta directo en programas claves como: la Tarjeta Alimentar, políticas educativas y la obra pública orientada a la infancia. Respecto a la Tarjeta Alimentar ha sufrido una reducción del 20% respecto del año anterior.
Los recortes también afectan gravemente a la educación. Programas esenciales como la Educación Sexual Integral (ESI), la Gestión del Nivel Inicial y Secundario, y la Reinserción Escolar no han recibido financiamiento en lo que va del año. Además, las becas Progresar, vitales para estudiantes de bajos recursos, han visto una disminución del 54.7% en su presupuesto, mientras que la construcción de jardines infantiles y la infraestructura escolar han sido reducidas en un 43% y 63.5%, respectivamente.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, responsable de la promoción de los derechos de los niños y adolescentes, también enfrenta una situación crítica, con una asignación presupuestaria un 32% menor que el año pasado. Este desfinanciamiento afecta directamente la capacidad del Estado para proteger y garantizar los derechos de los sectores más vulnerables.