“El Campito no se vende, se defiende”

Más de 400 personas entraron a Campo de Mayo, para realizar un acto a 43 años del último golpe de Estado. Reclaman que el centro clandestino de detención conocido como El Campito sea conservado como un sitio de Memoria, porque hay allí pruebas valiosas para las 500 causas judiciales que están lejos aún de dilucidar la verdad de lo que allí pasó.

Iris, la mamá del Negrito Avellaneda, deja su foto acompañada por una multitud.

“¿Usted leyó a San Martín? San Martín decía que jamás había que desenvainar la espada contra un compatriota sino contra los enemigos de la patria. ‘A mi me vas a venir hablar de San Martín’, me gritó el militar que me tenía secuestrado, y comenzó a golpearme la cabeza varias veces contra la pared”, contó a Zorzal Diario, Alfredo Castro, sobreviviente de “ El campito”, en la previa del acto que se realizó allí el viernes, para oponerse al proyecto inmobiliario que el gobierno nacional pretende emprender en este sitio que debería ser conservado como prueba judicial para las causas que investigan el terrorismo de Estado.
Viajamos en auto también con Oscar Comba, que recordaba haber citado las palabras del General Don José de San Martín a uno de sus verdugos, y  citó tratados internacionales de Derechos Humanos. Era extraño escucharlos recordar entre risas la golpiza que les dieron, con cadenas, un 1º de Mayo, “El Día de los Zurdos”, les decían con zaña.

El Campito es uno de los cinco centros de detención, tortura y exterminio que funcionaron dentro de Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron 5.000 detenidos desaparecidos. El acto, que se desarrolló al mediodía y duró alrededor de una hora, contó con la presencia de sobrevivientes y familiares de víctimas del último golpe de estado, militantes de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y sindicalistas de Zona Norte.

Uno de los problemas para el avance de las causas judiciales que tienen que ver con los delitos de les humanidad cometidos dentro de Campo de Mayo es que todos están dispersos en distintos expedientes, y no hay ninguna política de Estado que pretenda unificarlos para su análisis. El reclamo es urgente: los acusados superan los 80 y los 90 años.

A dos días de cumplirse el aniversario número 43 de la última dictadura militar, cívica y eclesiástica se homenajeó a través de historias y discursos a los detenidos-desaparecidos, se revindicó la lucha por la recuperación de los nietos robados y se crítico el negacionismo de Macri, al decir públicamente que desconoce el número de desaparecidos y al referirse como “guerra sucia” al terrorismo de estado. “Nos gobiernan los civiles de la dictadura militar (..) instalaron una miseria planificada y hoy la quieren repetir. En la dictadura tenían que desaparecer a la militancia política y de esa manera disciplinaban al resto de la sociedad”, dijo Victoria Montenegro, legisladora, referente de los Derechos Humanos y nieta recuperada. Con su identidad falsa, Sol, pasó muchos fines de semana en estas tierras, acto de perversidad de su apropiador, que la paseaba como trofeo de guerra.

Como contracara, desde el más profundo amor, en el acto se planteó que este sitio debe convertirse en un espacio de la memoria, un espacio que reivindique la lucha de los compañeros desaparecidos. Cada uno de los oradores repudió enérgicamente el decreto presidencial de Mauricio Macri, que busca realizar un fructífero emprendimiento inmobiliario que deje sin efecto las investigaciones y la lucha del espacio realizadas a favor de la Verdad, Memoria y la Justicia.

El momento más emotivo estuvo a cargo de Iris Avellaneda, que un 15 de abril de 1976 fue secuestrada junto a su hijo Floreal “El Negrito”, que tan sólo tenía 14 años. Dejó en una de las dos casitas que sigue en pie, en medio de una vegetación frondosa, la foto del Negrito. Hace falta un lugar donde recordar, donde venerar a los que amamos.
Al Negrito lo encontraron atado de pies y manos en las costas uruguayas del Río de La Plata: fue la víctima más joven de los Vuelos de la Muerte. Los militares robaron su cuerpo, y no se sabe dónde está, dónde lo enterraron.

Había que caminar un kilómetro para llegar al Campito. En la ida y en la vuelta, Iris iba charlando con cualquiera de la multitud que se le acercara, congraciada en medio de la multitud que se unía en el reclamo. Hablando, iba reconstruyendo el trayecto que hizo acostada y encapuchada en el piso de un auto, que iba a toda velocidad, cuando la llevaron hasta “El Campito”. La tortura deja marcas indelebles en el cuerpo, estuvo 27 meses cautiva, y agradece haber podido tolerar, haber podido sobrevivir, porque lamenta que muchos no lo lograron. Y vive para luchar, para recordar.

Este año Iris se la ha pasado recorriendo escuelas, dando charlas, contando lo que vivió para que no vuelva a pasar, para que la sociedad no tolere, no silencie. “Este año se ha intensificado mucho la actividad en los territorios”, coinciden sobrevivientes y familiares, que son parte de los distintos organismos de Derechos Humanos de la zona norte del conurbano bonaerense.

Son más de 500 las causas abiertas, y el proyecto de Reserva Ambiental de la Defensa que Macri decreta con el número 1056 abarca 1.332 hectáreas, dentro de las casi 4 mil que ocupa la guarnición militar. La tierras son prueba y evidencia. Se reclama que allí trabaje el Equipo Argentino de Antropología Forense, el lugar donde estaban las celdas fue demolido, pero hay quienes aseguran que sus cimientos se siguen viendo.

Hay que ahondar en el monte para encontrar los rastros. Se supone que los militares no pueden entrar a este territorio, que se encuentra bajo resguardo del TOF nº1 de San Martín. En el trayecto, el investigador Fabián Domínguez, que en 1998 publicó el libro “La sombra de Campo de Mayo”, camina y descubre unas grietas en el terreno, que parecen trincheras cavadas para ejercicios de entrenamiento militar. Actualmente está escribiendo un nuevo libro, sobre los acontecimientos políticos que tuvieron a Campo de Mayo como escenario. “En la década del 60, fue un lugar de enfrentamiento entre azules y colorados. Además se fusiló gente durante el levantamiento de Valle. Tiene que haber un mandato de la justicia para frenar el decreto. Uno sabe que detrás de esto hay un negocio inmobiliario”, concluye.

Fotos: Facundo Ovejero

Texto: Vanina Pasik y Silvia Cristófaro