Comienza el juicio contra seis jefes penitenciarios

Los penitenciarios están acusados de encubrimiento agravado, por el intento de construir una versión falsa sobre la brutal agresión cometida por miembros del servicio penitenciario a Patricio Barros Cisneros (26)  que terminó con la muerte del joven. El juicio oral y público a los jefes de la cúpula de la Unidad Penal n° 46 del distrito de San Martín comenzará el jueves.  La primera audiencia se llevará a cabo en la Sala A del Palacio de Tribunales de San Martín, Av. Ricardo Balbín 1753 a las 9.30 hs.

El hecho ocurrió el 28 de enero del 2012 en la Unidad n°46, cuando Giselle, la mujer de Patricio, quien estaba embarazada en ese entonces de 4 meses, fue a visitar a su pareja, y él pidió a los agentes si la visita podía ser en un lugar techado con sombra porque hacía mucho calor. Ellos se negaron y se desató una discusión, la cuál desencadenó una sesión de tortura, que consistió en tirarle gas pimienta, trompadas y patadas durante 10 minutos.

Giselle, escuchó el pedido de ayuda de Patricio y ella rogaba para que lo suelten. Luego a ella la llevaron hacía otro lugar. Un preso, testigo de la golpiza declaró: “Le pegaban como a una bolsa de basura”, y además contó que estaba tirado en el piso con las manos atrás esposadas. Al menos ocho guardicárceles participaron de la golpiza mortal que se produjo en un pasillo a la vista de todos en el horario de visita.

“Suicidio por piñas y patadas”

Luego de haberlo matado, el personal jerárquico del penal juntó a los autores de la agresión y elaboraron una versión falsa sobre los hechos. Sostenían que Patricio se había suicidado dándose varios golpes en la cabeza contra una reja. La coartada fue presentada en documentos oficiales ante el Poder Judicial. Además, amenazaron y presionaron a los detenidos testigos para que sostengan esta versión. Estas acciones entorpecieron en un principio la investigación y facilitaron que 3 agentes que participaron en la tortura puedan escaparse.

A través de las pericias se constataron lesiones en diferentes partes del cuerpo. Sólo en la cabeza, el forense que hizo la autopsia contó más de 30  golpes. A las pericias se le suma la denuncia de Giselle y los demás testimonios de los testigos, que cuando fueron trasladados a unidades del servicio penitenciario federal hicieron caer la versión oficial de los hechos.

Los autores materiales: Héctor Aníbal Mario, Rodrigo Emidio Chaparro, Gerardo Rodolfo Luna, Miguel Gallego y Juan Liberto fueron condenados a prisión perpetua en 2015 por la causa caratulada como tortura seguida de muerte. Claudio Javier Keem fue absuelto y César Raúl Benítez, es un séptimo acusado que continúa prófugo y con pedido de captura internacional. Otro agente señalado fue Víctor Silva, quien se ahorcó en su celda de la Alcaldía de Avellaneda.

En los fundamentos de la sentencia, los jueces dijeron que “la privación de la libertad no puede implicar prácticas de violencia, ni trato indignos o degradantes hacia los detenidos. Sufrimientos físicos y psíquicos graves como los padecidos por Patricio, se consideran como tortura”.

Mariano Lanziano, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales  (CELS),  quien representa legalmente a la familia de la víctima sostuvo: “Es un fallo importante, que muestra el lugar que puede tener el Poder Judicial para investigar y sancionar la violencia institucional”.

Hernán Favio Ferreira (Subdirector de Asistencia y Tratamiento), Eduardo Dionisio Orsuza (subdirector de Seguridad), Daniel Lucas Fernández (subdirector de Administración), Mauricio Darío Pinedo ( jefe de Vigilancia y Tratamiento), Hernán Pablo Maciel (subjefe de Tratamiento) y Eduardo Oscar Orfanelli (jefe de la Guardia  de Seguridad Exterior) comenzarán a ser juzgados este jueves por maniobras de encubrimiento y entorpecimiento en la investigación.

Este hecho pone al descubierto el abuso de autoridad y la violencia cotidiana que se vive en las unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Este caso puede sentar un precedente importante.