Cómo y por qué destruir el tejido social atacando una Ley destinada a los sectores más humildes y que funcionaba

 “Y a estos pibes ¿qué mundo les dejás?” Divididos.

1.

A fines de febrero del 2024 se lanzó una campaña mediática apuntando a la SISU (Secretaria de Integración Socio Urbana) como “caja negra de la política”. Las noticias sobre corrupción, el presunto mal manejo de un fondo fiduciario, hasta ese entonces, desconocido, y los supuestos culpables, circulaban por los medios de comunicación con la velocidad híper informativa de estos tiempos.

En medio de esa catarata de datos y acusaciones, que luego habrían de continuarse en redes sociales, Manuel Adorni, el vocero presidencial, anunciaba un decreto que reducía casi a cero el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU), del que dependía la secretaría para su gestión.

Para esa fecha, 26 de febrero, Infobae, publicaba lo siguiente: “El Poder Ejecutivo dispuso este lunes modificaciones en la distribución de los fondos que se recaudan por el impuesto PAIS -que se cobra en las operaciones de compra de moneda extranjera-. A través del decreto 193/2024, decidió un recorte casi total en la partida que era destinada al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que administran los movimientos sociales.” Sin embargo, es el Estado, a través del Poder Ejecutivo, quien administra, ya que tanto la Secretaria como el Fondo Fiduciario son productos de la Ley 27.453. Entonces, ¿por qué desmantelar una política pública si hay un cambio de gestión? ¿Por qué no continuarla con los nuevos gestores? ¿Por qué vaciar un organismo del Estado –no de los movimientos sociales como dijo Infobae- que tiene una función específica y precisa para gran parte de los argentinos?

El 29 de octubre de 2018 y durante la presidencia de Mauricio Macri, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina sancionaron la Ley 27.453 –llamada Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana-, y aunque parezca mentira, se aprobó por unanimidad en Diputados. Ninguna de las partes políticas representativas de la sociedad estuvo en contra.

En dicha ley se explica la integración socio urbana como el “conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”. Y finaliza el artículo primero declarando que “tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.”

Por otro lado, en un plano innovador (y que ya veremos más adelante en profundidad) se adjudica “en un veinticinco por ciento (de las obras), como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares.” Este articulado ataca dos frentes: el desempleo en los barrios y la integración socio urbana.

En su artículo 13 se autoriza “al Poder Ejecutivo nacional a la creación de un fideicomiso con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la presente ley”. En el artículo 14 se detalla la forma en que se financia ese fondo. Y en el 14 bis, declara “la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los Barrios Populares”. La ejecución de esta ley sería llevada a cabo por la Secretaria de Integración Socio Urbana (SISU) y financiada por el Fondo para la Integración… 

2.

Primero hizo un chispazo, después el fuego. Luego se quemó todo y no quedó nada. Ni siquiera llegaron los bomberos. Los vecinos salieron con baldes de agua, pero fue tan rápido el fuego y tan poca el agua que no se pudo hacer nada. Fue como observar a una fiera devorando un ser indefenso. Verlo y no poder hacer nada. Así se siente la impotencia. El fuego quemó cada pedazo de casa con total impunidad. Era imposible acercarse debido al calor y el agua se evaporaba antes de tocar las llamas. Así que, los que allí estaban, sólo podían contemplar, mirarse entre sí y masticar la impotencia. La casa entera se redujo a cenizas en un instante.

Flavia R contestó el llamado, porque era su trabajo en la remisería, y después de escuchar incrédula que su casa se incendiaba, salió corriendo. La había comprado hacía poco. El terrenito de ella lindaba con un vecino que acopiaba fardos de nylon para vender y un cortocircuito en la pésima instalación eléctrica hizo estragos. En la corrida pudo ver a su vecino cruzar con el auto y lo vio tan tranquilo que pensó que no podía ser cierto. En ese mismo momento escuchó la sirena de los bomberos. Dio vuelta la esquina y siguió corriendo. Jadeaba. Rebotaba los pies en el asfalto destrozado. Levantó la cabeza: por sobre los techos bajos de las otras casas se elevaba una columna de humo negro y el viento traía consigo el olor del plástico quemado. Pensó en sus hijos. Eran seis. Corrió más rápido aunque no le daban las piernas, aunque la tierra blanda y pedregosa de los pasillos le dificultaba la carrera.

Sus hijos estaban bien. Miraban la casa, el fuego, el humo negro extendiéndose por encima del barrio, más allá de la telaraña de cables que surgía de las casas, de su arquitectura precaria y urgente. El resto de los vecinos también se amontonaba solidario. Algunos con baldes vacíos de agua. Otros con palas, por si palear tierra sobre el fuego ayudaba. Todos miraban impotentes como otra casa se prendía fuego en Villa La Cárcova. Antes de incendiarse, la casa de Flavia R había sido una casilla de madera en un terreno desprovisto de todo lo básico para vivir.

En un artículo del diario La Nación, fechado el 26 de febrero de 2024, concluía de la siguiente manera: “Según denunció el Gobierno, de las 6517 obras reportadas por el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana) tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir un 6%. En tanto, 5886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación. A su vez, 133 de las finalizadas tienen que ver con veredas y cordones cuneta (más de un tercio). El resto se reparten entre “conexiones eléctricas”, “conexiones de agua”, “mejoramientos de vivienda” y “fortalecimiento comunitario en barrios populares en el marco del Covid-19”, entre otros.”

3.

“Sin pan y sin trabajo” es el primer cuadro con denuncia social en el arte argentino y Ernesto de la Cárcova lo pintó en 1894. En la pared de la oficina de María de los Ángeles Somma, Directora de la Escuela Nº 51, hay una copia de la pintura pegada con cinta adhesiva.

La entrada a la escuela es una reja robusta y luego una puerta doble hoja con dos cerraduras. La celadora esta tan abrigada como quienes llegan desde la calle. Es un día frío y gris. A dos metros de la entrada, hacia la izquierda, se abre el comedor, con todas las mesas y sillas vacías. Todo el alumnado ya pasó por él y sólo quedan algunas migajas del desayuno. En la cocina, entremezcladas con las ollas, los aparadores, bachas y hornallas, conversan distendidas cuatro cocineras. La única con distinto delantal es una señora septuagenaria que apenas mueve la cabeza al hablar, apoyada contra una mesada de acero inoxidable.

Desde el ingreso al comedor, en dirección contraria, se extiende un pasillo con las típicas baldosas de escuela y las típicas puertas de aulas, abiertas y cerradas, a un lado y otro de su longitud. En las paredes hay escarapelas gigantes y una línea de tiempo en cartulinas celestes y blancas que culmina en el primer gobierno patrio. Se acerca el aniversario de la Revolución de Mayo y la escuela se adorna con el nacimiento del país. Una hilera de alumnos, desordenada, cándida e impetuosa, atraviesa el pasillo hacia el patio descubierto, a fin de ensayar el acto del 25.    

“El patio es el único espacio en común, fuera del comedor”. María de los Ángeles habla con voz cálida en medio del bullicio escolar. “Es el único espacio en común”, repite. “Durante los días de lluvia, sólo nos quedan las aulas. No podemos tener a trescientos alumnos de distintas edades en el comedor”. Arquea las cejas, remarcando la ardua tarea de contener durante ocho horas a los chicos en las aulas. La 51 es doble escolaridad y después de las cinco de la tarde, primaria para adultos.

La Dirección es un despacho compartido con la secretaria. Una mujer amable y compenetrada con su trabajo. “Nunca se habían hecho obras en la escuela hasta la llegada de la SISU”, dice María de los Ángeles y el rostro ansioso se entusiasma. “Ni siquiera tenemos biblioteca. Por suerte la bibliotecaria inventó un sistema. Los libros están en las paredes del pasillo, empotrados hacia dentro de las aulas, y ella los reparte. Un delivery de libros”. Un docente, cincuentón y alto como la puerta, entra y vocifera algo sobre el ensayo del acto patrio con un vozarrón gastado por los años. Luego, toma de detrás de un armario un parlante y un micrófono y se retira, hablando tal y como había llegado. No habrán pasado cinco minutos que dos docentes y un grupo de alumnos irrumpen como si aquel lugar, la oficina de la Directora, fuera un centro de reuniones. Segundos más tarde, la Asistente Social y detrás de ella alguien entra y sale con un balde y una escoba. “No hay sala de profesores”, explica María de los Ángeles.

Por las ventanas puede verse el ir y venir de los alumnos, se los escucha en el patio. Alan no tiene más de ocho años, anda por la escuela sin guardapolvos. En voz baja, María de los Ángeles, menciona habérselo llevado para lavar. Alan afirma en silencio, tímido, con un juguete entre las manos, divertido de irrumpir con total naturalidad en la Dirección. Se acercó con la intención de enseñarle el juguete que había construido. Es un caballo, con una pata de palo, atado por un cordón de zapatillas a un carro cartonero.

4.           

Zulma Duette terminó el secundario técnico como Maestra mayor de obras, es Coordinadora de Obras en la cooperativa de trabajo La Zaldarriaga, y tiene el gesto adusto de una mujer curtida. Llega seis y media de la mañana al galpón, ubicado en José León Suárez, al mismo tiempo que Daniel, encargado de la logística. Siete y cuarto arriban los coordinadores de cada obra con las demandas de materiales, herramientas, etcétera. Entonces, preparan los camiones que distribuyen todo lo necesario a cada punto y arrancan. Ella, se queda hasta las nueve y media en la oficina, realizando pedidos a corralones, controlando el stock, y demás. Después, comienza el recorrido de las obras hasta las cuatro de la tarde. A esa hora vuelve a la oficina donde realiza una reunión con todos y cada uno de los coordinadores para tratar temas específicos o solucionar problemas, más o menos, hasta las dieciocho horas. La oficina de Zulma está ubicada en el entrepiso del galpón. Es una oficina sencilla, con un escritorio, una computadora, dos sillas, un ventanal hacia dentro de la cooperativa y el aroma de la cocina que llega desde abajo. “Empanadas”, dice, olisqueando el aire.

La cooperativa Zaldarriaga inició su trayectoria trabajando en un programa de construcción de viviendas de Naciones Unidas, allá por 2017. Dato curioso: paradójicamente, Grete Faremo, Directora Ejecutiva de la Oficina de Servicios para Proyectos (UNOPS) visitó Villa La Carcova en 2018, un 26 de febrero. Seis años antes que el gobierno de La Libertad Avanza desfinanciara un organismo nacional con la misma función que este área de la ONU.  

Esa fue la primera experiencia de trabajo, a gran escala, de La Zaldarriaga. Allí crearon, diseñaron y patentaron el kit de la torre para tanques de agua, que más tarde utilizaría la SISU en todo el país. Se trata de una torre de tres metros con una estructura de hierro, plantada un metro y medio bajo tierra, para sostener el tanque. “Las casas en los barrios populares suelen ser muy precarias y estar hacinadas, conviven dos, tres familias, por lo que colocar un tanque de 500 litros en el techo puede ser sumamente peligroso”, explica Zulma. Con Naciones Unidas realizaron 3.000 instalaciones para que el agua llegue a los hogares.

En ese entonces, recuerda Zulma, eran 30 trabajadores. El pico máximo de laburantes llegaría a 200 gracias a las obras financiadas por la Secretaria de Integración… como exige la 27.453, en su artículo 12: las obras deben adjudicarse en un veinticinco por ciento, como mínimo, a “cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares.”

La cooperativa empezó con un trabajo de puerta a puerta explicando a los vecinos el proyecto de extensión de la red formal de agua que llevarían a cabo por la implementación de la ley 27.453. AySA tiene acceso limitado en los Barrios Populares. No se adentra en los pasillos, donde se encuentra el mayor hacinamiento de casas y gentes. Por esta razón, las instalaciones suelen ser informales, sin ningún tipo de control o de supervisión. Una familia necesita agua, y cada uno, con los elementos que consiga y conocimientos técnicos que posea, o invente, se la rebusca para tirar un caño (muchas veces, pedazos de manguera) desde la boca de agua de AySA, en las afueras de los pasillos, hasta su casa. Lo mismo sucede con la energía eléctrica (Flavia R conoció las consecuencias). En fin, la imagen que deben hacerse, como si un dron husmeara sobre los barrios, es la siguiente: cables, caños, mangueras, pasillos, casas precarias; una telaraña dentro de un laberinto.        

5.

Toda acción conlleva una reacción igual o superior. Es una máxima de la física y de lo social.

En el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), Villa La Cárcova, figura con 4.4oo familias. A la escuela primaria asisten trescientos alumnos y otro tanto a la secundaria.

Antes que Manuel Adorni anunciara el desfinanciamiento de la ley, en la obra de la E.P Nº 51 trabajaban sesenta personas. Muchos padres de esa escuela (y ese barrio) consiguieron trabajo en la cooperativa Zaldarriaga. Después que Manuel Adorni anunciara el desfinanciamiento de la ley quedaron apenas trece laburantes.

“Las obras en la escuela van a continuar- afirma Duette, con una empanada en la mano, envuelta en una servilleta- En vistas del corrimiento del gobierno, decidimos hacernos cargo nosotros de continuar con la construcción. Nunca nadie había hecho nada en la escuela y los padres nos pidieron por favor… muchos trabajadores de la cooperativa son del barrio, sus hijos van a la 51. Tenemos los materiales stockeados desde el comienzo. Nosotros vamos a costear la mano de obra”.

Cristina Galli, la arquitecta del proyecto en la Escuela 51, fuma y el humo del cigarrillo parece infinito con el vapor de su boca en el frío. En la obra todavía faltan las ventanas, las puertas y un montón de cosas, pero ya se pueden apreciar los espacios. El frío se cuela por doquier y todos se encuentran tan abrigados como si anduvieran a la intemperie. “Acá va ser la sala de profesores y acá la dirección”, señala a un lado y otro entre pitada y pitada, y luego indica el baño y la cocina. “Y éste es otro baño más. Es para los alumnos, acá en la planta baja. Esta es la entrada nueva, con escalera y rampa, y ahí enfrente va estar la portería. Aquello va ser un patio cubierto”, estira la punta del cigarrillo hasta un espacio techado de unos siete metros por diez. Después, una escalera trepa hasta el primer piso donde a un lado, seis ventanales iluminan un predio que será biblioteca, y a otro lado, un luminoso salón de usos múltiples, aguarda el revoque fino.    

¿Por qué desfinanciar el sostén social que significa una escuela?   

Después del incendio, Flavia R, fue a vivir con su mamá, en Chilavert. También sus hijos. Allí permanecieron el tiempo que tardó su hermano en levantar una nueva casilla de madera. Era lo que podía pagar para tener, otra vez, un techo; y rogar que la suerte y los vientos soplen a su favor y esta vez no se incendie, o no se hunda en el barro, o no venga otro monstruo a comerse las maderas.

Con el tiempo y el esfuerzo la casilla se transformó en ladrillos y un poco más de reparo hasta constituirse en un solo ambiente de material con un baño precario. Un anafe realizaba la doble función de cocina-estufa, y el piso de tierra, dentro y fuera de la casa. En ese entonces, Flavia trabajaba por las noches en la remisería y por la mañana cumplía cuatro horas de labor en el marco del programa “Hacemos futuro” y para el cual limpió zanjones, hizo veredas, pintó dos escuelas y un jardín comunitario.

En enero del año pasado, mientras todavía daban coletazos los festejos mundialistas, Flavia R pasaba una jornada calurosa en el Hospital Garraham con su hijo de ocho años. Le llegó un mensaje de la Cooperativa Zaldarriaga pidiéndole los datos personales: entraba en ejecución un proyecto para construirle un baño, una cocina, el piso y la instalación eléctrica. Dos meses más tarde, la Zaldarriaga le ofreció trabajo. Flavia R, tenía un salario. En marzo de este año volvió a quedar desempleada. Con el último sueldo, compró acolchados y salió a venderlos a la calle. Ahora, vende hamburguesas y conos de papas fritas.  

¿Por qué desfinanciar la ley 27.453? ¿Por qué avalar en los grandes medios de comunicación la destrucción de una política pública útil?

6.

La campaña mediática había hecho hincapié sobre las auditorias y era, también, el único argumento del gobierno para justificar el desfinanciamiento.

Según la ley 27.453, la Auditoría General de la Nación, debe, como dice al final del Artículo 12, controlar “anualmente la ejecución presupuestaria y la implementación de los proyectos de integración socio-urbana y todas las obras que se ejecuten en el marco de la presente ley con fondos nacionales.” Y luego, respecto al fondo fiduciario, también, al final del Artículo 14, dice: “El Poder Ejecutivo nacional fijará las reglas que regirán el fideicomiso que resulte creado en el marco del artículo precedente y que será auditado por la Auditoría General de la Nación”.

En julio del 2023, un informe presentado por la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “Impacto de los Programas de Mejoramiento de Vivienda por Autoconstrucción: Evidencia para Barrios Populares de Argentina”, aseguró, en sus conclusiones, lo siguiente: “los resultados de este trabajo permiten atribuir al programa, de manera rigurosa, el logro de resultados en términos de mejora de las viviendas y percepción de la seguridad, salud y el bienestar en los barrios populares de Argentina […] se recomienda sostener y consolidar el enfoque de integralidad y de complementariedad con otras intervenciones en los barrios populares […] De esta manera, se incrementa la probabilidad de superar las trampas de pobreza de la cual son partes no solo las condiciones habitacionales, sino que un espectro más amplio de factores como el acceso a servicios urbanos básicos, la seguridad de la tenencia, entre otros.”

Muchos auditores habían dejado de trabajar desde el 10 de diciembre del 2023. Un funcionario del actual gobierno, quien decidió mantenerse anónimo, informó, en off, que en las auditorias efectuadas hasta la fecha nadie había encontrado nada fuera de lugar. Nada raro. Es más, mencionó algo particular. “Los terrenos baldíos filmados por un canal de noticias, transmitidos como estafa de la Secretaría, son terrenos donde la obra es subterránea (cloacas, etc) y está finalizada”. Es cierto que al ser anónimo hay dos opciones: o bien esa persona puede decir cualquier cosa o bien puede ser una invención para enfatizar lo narrado.  

No obstante se puede suponer que Sebastián Pareja, actual Subsecretario de Integración Socio Urbana (porque no sólo fue desfinanciada la 27.453, sino que la SISU fue también degradada a subsecretaría) y hombre de confianza del Gobierno, maneja información de primera mano. En una entrevista radial, declaró:

He hablado con algunos Intendentes de distintos signos políticos y hasta ahora no he encontrado a ninguno quejándose, no he encontrado críticas, es más: yo siempre estoy diciendo, aún a pesar de mi rol, que si no fue la única Secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández le pega en el palo. Porque la verdad, lo que estoy viendo es al momento de hoy 1.200 obras en ejecución, un presupuesto con el más del 80% de ejecutado.

He estado reunido, por ejemplo, con la gente del BID, que no es un dato menor y es un dato que ustedes pueden tranquilamente chequear y el BID promueve en cada Congreso al que el BID se presenta internacionalmente como un ejemplo el trabajo hecho de la secretaría.

No me imagino al BID acompañando una política de corrupción respecto de un tema tan sensible como urbanizar una villa de emergencia o asignar los recursos a una persona para que mejore la habitación en la cual convive con su hijo.

En la misma entrevista advirtió sobre los controles externos, realizados por Colegios de Arquitectos y de Escribanos, y concluyó: “el que paga es el BICE, que también, a su vez, le pide a uno la certificación de las obras que están pagando, con lo cual tenés otro control más. Hay una serie de controles antes. No tengo ningún resultado a la vista que me permita llevar adelante una denuncia penal”.

Nada de esto importó. Tal vez sea bueno recordar lo escrito por el filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, en su libro Infocracia: “En la era de las fake news, la desinformación y la teoría de la conspiración, la realidad y las verdades fácticas se han esfumado”.