El peronismo ensaya la unidad en el concejo

Los concejales Juan Eslaiman y Hernán Letcher elaboraron un proyecto de Ordenanza para que los funcionarios municipales no puedan tener participaciones en cuentas offshore de paraísos fiscales. La iniciativa es presentada en conjunto con los bloques del peronismo, Unidad Ciudadana, Frente Renovador y el bloque oficialista San Martín para la Victoria.

Comenzado el año 2018 en el Honorable Concejo Deliberante, tras la apertura de sesiones con el intendente Gabriel Katopodis, y en las horas previas a las definiciones en las comisiones, las distintas expresiones peronistas que tienen banca se aliaron para presentar un proyecto de ordenanza que busca prohibir la participación de funcionarios locales en cuentas offshore.

La Ordenanza  apunta a modificar la 7.770 referida al Código de Ética Municipal, anexando al capítulo N° VII “Declaración Jurada”, que pide que “el funcionario público que desempeñe un cargo en la administración municipal, ya sea actualmente o en el futuro, no debe poseer cuentas y sociedades offshore, en su totalidad o acciones, en países de baja o nula tributación considerados paraísos fiscales. Asimismo, deberá declarar cuentas, sociedades y acciones en los demás países”.

“La iniciativa busca ofrecer un gesto político contundente contra la alianza Cambiemos y sus funcionarios, e intenta dar una señal que sea replicada en otros distritos de la provincia”, explican desde el sector de Unidad Ciudadana que encabeza el concejal Hernán Letcher.

El proyecto aclara que “debido a los hechos de público conocimiento donde funcionarios han incurrido en el delito de no declarar sus acciones en cuentas de paraísos fiscales” y que “si bien tener participación en una offshore no constituye delito, estas cuentas se vuelven ilegales cuando no se paga los impuestos en los países de procedencia”. Además, aclara que suelen ser utilizadas para ocultar patrimonio o dinero proveniente de actividades ilegales, o para esconderlo de las autoridades.

Las prohibiciones se aplicarán desde dos años antes de asumir el cargo. En ese caso se les prohibirá tomar el puesto, o en caso de existir actualmente un funcionario alcanzado por la Ordenanza, se le pedirá la renuncia.

Fotos Lourdes Jardon.