“Hasta que no haya una ley de humedales vamos a seguir apagando incendios”

“No hay mañana”. Con ese slogan diputados nacionales, científicos y organizaciones ambientalistas volvieron a presentar el miércoles por la tarde el proyecto de “Ley de Humedales” en la Cámara de Diputados de la Nación, cuyo dictamen perdió estado parlamentario en diciembre pasado. Intereses inmobiliarios, agropecuarios y mineros hacen lobby para que el Estado se mantenga al margen. Y hasta ahora lo van logrando. Este es el cuarto intento para sancionar una ley que proteja a los ecosistemas de nuestro país.

Con el telón de fondo de los devastadores incendios en Corrientes, la iniciativa busca penalizar incendios intencionales como los ocurridos recientemente en la provincia del Litoral. Además, pretende regular cuáles son las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de los territorios de humedales, qué actividades productivas pueden realizarse y de qué modos, teniendo en cuenta que son ecosistemas vitales para la reproducción de la vida y que por eso necesitan protección especial.

” La tierra no se vende, se defiende”, decía el cartel que estaba junto al micrófono de Camila Herrero, activista de la organización Eco House, quien tomó la palabra y señaló: “La Ley de Humedales es una necesidad urgente en todo el país. No es un accidente lo que está ocurriendo en Corrientes y en otras provincias, son las consecuencias brutales de una estructura de negocios con la naturaleza, la salud y la vida de los territorios y las poblaciones, con el objetivo de enriquecer a un puñado de empresarios.”

Entre orador y orador, por momentos reinaba el silencio, en otros intervalos surgían cánticos: “Olé olé, olé olá, ley de humedales queremos ya y que a las islas se las deje de quemar” y “Se va a acabar, se va acabar ese negocio de quemar”, eran algunos de lo más escuchados.

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En declaraciones a la prensa, Leonardo Grosso, diputado nacional por el Frente de Todos, sostuvo que “es un proyecto que tiene un gran consenso porque fue producto de mucho debate, cientos de organizaciones, científicos y empresarios aportaron sus ideas para construir el mejor proyecto de ley de protección de humedales”, y remarcó: “Hasta que no haya una ley de humedales vamos a seguir apagando incendios”.

La sanción de una norma que proteja y regule el uso de los humedales -que representan el 21% del territorio nacional- es reclamada además por distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, Amnistía Internacional, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Eco House, entre otras.

Hacia la sanción de una ley nacional de humedales

El primer antecedente de un proyecto de ley fue en el 2013. Lo presentó el entonces senador por Santa Fe, Rubén Giustaniani del Partido Socialista y fue aprobado por unanimidad. Llegó a Diputados y como no pasó de la primera comisión, perdió estado parlamentario en 2015.

En 2016, se presentaron varios proyectos que quedaron unificados en uno del senador Pino Solanas. La iniciativa se debatió y aprobó con modificaciones en el recinto. Pero, una vez más, quedó trabada en Diputados.

En el 2020, los humedales tomaron la agenda pública a partir de los incendios en el delta del Paraná. Con movilizaciones en distintas ciudades del país, la presión social llevó a que se presentaran varios proyectos. Finalmente hubo un primer dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados en el cierre de las sesiones ordinarias. Pero, antes de llegar al recinto, debía tratarse en las otras tres comisiones asignadas (Agricultura y Ganadería; Intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios, y Presupuesto y Hacienda). Eso no sucedió y con el cierre de las sesiones ordinarias, en diciembre, perdió estado parlamentario. Lo único que podía salvarla, para no tener que volver a foja cero, era que el Gobierno la incluyera en las sesiones extraordinarias de febrero de este año. Y no la incluyó.

Las organizaciones sociales y ambientales, científicos y sólo algunos políticos son los que hasta el momento alzaron la voz para proteger los ecosistemas. Lamentablemente, no se percibe voluntad política en los dos bloques mayoritarios para construir consenso que haga vislumbrar un pronto avance.