Infancias en riesgo: cifras y realidades 

Siete de cada diez chicos son pobres en nuestro país, según el último relevamiento presentado por Unicef en el primer semestre del año. En tanto, el presupuesto asignado este año a programas para niños, niñas y adolescentes disminuyó un 18% en términos reales, en comparación con 2023. 

Se estima que siete millones de niños viven en hogares con ingresos inferiores a la Canasta Básica, y tienen vulnerado al menos un derecho fundamental como: educación, protección social, vivienda adecuada, o el acceso al agua potable. El 27% de ese número se encuentra en situación de indigencia. Del informe también se desprende que un millón de chicos se van a dormir todas las noches sin comer.

“El aumento de los precios y el estancamiento económico desde hace más de una década han incidido en la capacidad de generación de ingresos de millones de hogares con niñas y niños”, advirtió el comunicado de UNICEF.

En este contexto, los recursos presupuestarios de este año destinados a niñas y niños es un 18% menor respecto de 2023. La asignación de recursos del 2024 fue la más baja desde 2004. Este ajuste impacta directo en programas claves como: la Tarjeta Alimentar, políticas educativas y la obra pública orientada a la infancia. Respecto a la Tarjeta Alimentar ha sufrido una reducción del 20% respecto del año anterior.

Los recortes también afectan gravemente a la educación. Programas esenciales como la Educación Sexual Integral (ESI), la Gestión del Nivel Inicial y Secundario, y la Reinserción Escolar no han recibido financiamiento en lo que va del año. Además, las becas Progresar, vitales para estudiantes de bajos recursos, han visto una disminución del 54.7% en su presupuesto, mientras que la construcción de jardines infantiles y la infraestructura escolar han sido reducidas en un 43% y 63.5%, respectivamente.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, responsable de la promoción de los derechos de los niños y adolescentes, también enfrenta una situación crítica, con una asignación presupuestaria un 32% menor que el año pasado. Este desfinanciamiento afecta directamente la capacidad del Estado para proteger y garantizar los derechos de los sectores más vulnerables.