La Contraofensiva Montonera y la estructura de Inteligencia del Genocidio

Continua el juicio contra el operativo represivo a la Contraofensiva Montonera. Los imputados son nueve y están vinculados con la estructura de Inteligencia que el Ejército montó con base en Campo de Mayo. La querella estima que el debate se extenderá hasta el año que viene, ya que la causa cuenta con al menos 250 testigos.
En el juicio se viene desarrollando todos los martes a las 9 am en el Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín. Se juzgan los delitos de Lesa Humanidad cometidos en perjuicio de los militantes que participaron de las campañas de Montoneros en resistencia a la última dictadura, entre 1979 y 1980.  Allí se evaluará la responsabilidad de los imputados en casi cien casos de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos.

“El testimonio más largo de la segunda audiencia fue el de Roberto Cirilo Perdía, quien revivió el contexto político contando el proyecto de Montoneros. Explicó que los sectores populares desarrollaron una resistencia activa durante la dictadura, que estuvo basada en la política sindical. Luego, la cúpula de Montoneros decidió armar la Contraofensiva. “El Tribunal dejó que Perdía se explaye con tranquilidad”, cuenta a Miguel Galante, miembro de la Comisión Memoria Verdad y Justicia de San Martín.
“El segundo relato fue el de Daniel Vicente Cabezas – hijo de Telma Jara de Cabezas, madre de Plaza de Mayo- quien era parte del equipo de prensa de Montoneros en el exilio. Su testimonio fue muy importante porque estuvo detenido junto a otros compañeros en comisarías y en Campo de Mayo. Contó que fue secuestrado junto a su pareja. Cabezas aseguró que Montoneros era como una familia y que nadie fue obligado”, continúa Galante.

Gabriela Sosti y Marcelo García Berro, representan al Ministerio Público Fiscal, y consideraron que la Contraofensiva “fue una locura” y que “la conducción mandó a matar a los compañeros que habían logrado el exilio”, cuestión que se esmeran en negar los familiares de las víctimas, y los y las sobreviviente, quienes remarcan que la decisión fue de cada militante.

Además, Sosti y García Berro remarcan que esta causa tiene la particularidad de que el eje de los crímenes no está puesto en un centro clandestino de detención, sino que se juzga a la Inteligencia utilizada para cometer el genocidio. El Ejército organizó un sistema que comunicó los diferentes puntos del país y por allí circuló toda la información sobre la militancia que fue blanco del plan sistemático de exterminio y desaparición de personas.

En ese sentido, el juicio comenzó a revelar ante la Justicia, un registro puntual de todas las estructuras del aparato. Todos los que están sentados en el banquillo estuvieron vinculados con la estructura de Inteligencia que funcionó en Campo de Mayo. La Jefatura II de Inteligencia, por ejemplo, era la más importante con la que contaba la Junta de Comandantes, desde allí diseñaban todos los planes de exterminio.

“Fue una jornada muy intensa. Hay uno de los imputados que está simulando una patología física para quedar fuera del juicio, pero está siendo evaluado por el equipo médico forense. En este sentido, hay una denuncia que alerta de una posible fuga, ya que dos de los imputados estuvieron prófugos durante mucho tiempo”, detalla Adriana Taboada, miembro de la Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte.

La lista de acusados está compuesta por Eduardo Ascheri, ex jefe de la División Planes del Departamento de Inteligencia (G2) del Comando de Institutos Militares; Jorge Bano, ex jefe de la División Operaciones del mismo departamento; Carlos Casuccio, quien entre 1979 y 1980 fue segundo jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares; en el mismo tiempo Raúl Muñoz dirigió el Departamento Personal (G1) del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, Marcelo Cinto Courtaux la Sección Primera de Ejecución del 201 y Alberto Sotomayor, la Sección Segunda de todo el destacamento.

Fotos: Maximiliano Luna