La defensa de los policías pide la suspensión del juicio por la masacre de Wilde

A 26 años de los asesinatos, el defensor de los imputados, Roberto Fernández, solicitó al Tribunal Oral Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora la suspensión del juicio, que tiene fecha para el próximo 30 de marzo. Lo hizo bajo el argumento de que uno de sus pupilos procesales “no se encuentra en condiciones de enfrentar el debate oral y público”. Por ello, Raquel Gazzanago, vecina de San Martín, y Patricia De Angelis se reunieron este jueves con referentes de Derechos Humanos y del Programa contra la Violencia Institucional para pedirles ayuda.

“Acompaño el pedido de justicia de Raquel Gazzanego y Patricia De Angelis, viudas de Edgardo Cicutín y Norberto Corbo. Ambos asesinados por la Policía Bonaerense hace 26 años en la Masacre de Wilde. Es necesario que los juicios no se dilaten en el tiempo para poder juzgar a los responsables y evitar que gane la impunidad”, expresó en sus redes sociales Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación.

Roberto Fernández es el defensor oficial de los imputados Osvaldo Américo Lorenzo, Eduardo Ismael Gómez y Marciano González. En el pedido de suspensión del plenario por la Masacre de Wilde, Fernández expuso al Tribunal 3 de Lomas de Zamora, que su defendido Marciano González “posee una incapacidad manifiesta de sobrevivencia”. También hizo alusión a los “problemas de salud que le impiden enfrentar el juicio”.

“Nos reunimos con la gente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con los miembros del Programa contra la Violencia Institucional. Estimo que el conclave resultó positivo, porque desde ambos organismos se comprometieron a brindarnos acompañamiento. También van a pedirle al Tribunal 3 que no haga lugar al pedido del defensor Fernández”, contó a Zorzal Diario, Raquel Gazzanego, viuda de Cicutín. Y enfatizando la vecina agregó : “Nos dijeron que se presentarán como veedores de en la causa. Que se ponen a nuestra disposición para lo que necesitemos, porque les resulta vergonzoso que una causa de estas características lleve 26 años de impunidad”.

“No puedo creer que después de tantos años seguimos pidiendo justicia por tan aberrante hecho. Horacio Prietragalla y su equipo nos convocaron a una reunión para darnos una mano. Nos encontramos con un grupo de personas hermosas que en algún momento de sus vidas también padecieron la violencia de las instituciones. La verdad es que me sentí muy escuchada, contenida y confío plenamente en ellos”, finalizó Patricia De Angelis, viuda de Corbo.

El caso

El hecho de gatillo fácil ocurrió el 10 de enero de 1994. Cuatro inocentes fueron asesinados a balazos por once oficiales de la ex Brigada de Investigaciones de Lanús de la Policía Bonaerense. Los uniformados perseguían a unos supuestos delincuentes que iban en dos autos, huyendo de un presunto robo a una sucursal del Banco Galicia. Luego dijeron que los sospechosos transportaban cinco kilos de cocaína. Los uniformados dispararon 270 balas.

Edgardo Cicutín, de entonces 33 años, padre Natalia 8 años y de Gonzalo de apenas 8 meses, vendía libros para la editorial Cisplatina. Cicutín se movía en un Dodge 1500 que era conducido por Claudio Díaz, quien sobrevivió a la balacera policial. Las otras víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505.

Los once policías prestaban servicio en la Brigada de Lanús, cuyo subjefe era el comisario Juan José “El Lobo” Ribelli, detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la mutual judía AMIA. En un momento hubo una elevación a juicio oral para ocho policías, acusados de ser los autores materiales de los cuatro homicidios: Roberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto y Hugo Reyes. Todos fueron absueltos. Otros dos, César Córdoba y Carlos Saladino, fallecieron en los últimos años. Marcos Ariel Rodríguez estaba prófugo y fue capturado recién en noviembre de 2014, en la ciudad cordobesa de La Falda. Fue detenido por rebeldía a la autoridad y no por los crímenes perpetrados en 1994.

Luego de tantos años de impunidad, familiares y allegados exigen justicia. Explican que después da tanto tiempo los testigos van muriendo de viejos. Pero lo que está claro es que los policías violaron todos los límites impuestos por la ley y su propio protocolo de procedimiento: se movilizaban en autos particulares y con ropa de civil. El cabo Rodríguez, en tanto, no debió haber formado parte del operativo porque en ese momento se encontraba apartado de la fuerza por un incidente ocurrido en 1993.