“La Justicia patriarcal nos quiere calladas o muertas”

Miles de mujeres se manifestaron durante la tarde de ayer para exigir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo, y para que se implementen políticas públicas efectivas contra la violencia de género. El reclamo, que tuvo como epicentro el Palacio porteño de Tribunales, se replicó con diversas acciones en todo el país.

“Disculpe la molestia pero nos están matando”, decía uno de los carteles pegados en las paredes de los Tribunales de San Martín. Al lado se podía observar la imágen de Úrsula Bahillo (18). Pero también aparecían otros rostros: el de Araceli, Micaela. y de otras tantas mujeres que fueron asesinadas en manos de la violencia patriarcal los últimos años.

En esta ocasión, las consignas mostraron un giro novedoso, ahora de manera masiva: cómo el accionar ineficiente y lento del poder judicial brinda un manto de protección en los casos de violencia de género. Tanto medios de comunicación como organismos que abordan temáticas de género y colectivos feministas, hicieron hincapié a través de redes sociales, con miles de réplicas e impacto en las convocatorias a las movilizaciones; de ésta cuestión. Según datos del observatorio de las violencias de género «Ahora que sí nos ven», en lo que va del año hubo 38 femicidios: 5 habían realizado al menos una denuncia previa, y sólo 3 tenían protección.

Paradójicamente, un numeroso cordón policial rodeó y protegió ayer las instalaciones de los Tribunales de San Martín frente a un centenar de mujeres que fueron a reclamar que las defiendan. También exigieron una reforma en la Justicia con perspectiva de género. Por momentos, el silencio ocupaba todo el espacio. Hasta que los aplausos y los gritos pidiendo Justicia se apoderaban la escena. En un país en que una mujer es asesinada cada 25 horas, el tiempo se vuelve urgencia.

Una justicia que no oye ni ve

Antes del comienzo de la protesta, Zorzal diario dialogó con Cecilia Cusó, socióloga de la Unsam, militante feminista y referente de la agrupación Juana Azurduy de San Martín. La socióloga remarcó que el poder judicial no garantiza el acceso a la Justicia, y enumeró las múltiples trabas con las que una mujer víctima de violecia de género se encuentra al denunciar: “Las que acompañamos estos casos vemos cómo cada vez que recurrimos a la Justicia nos encontramos con una pared: peritos que maltratran; fiscales y jueces que nos abandonan y causas que son archivadas.”

La referente y militante de San Martín expresó, asimismo que “se revictimiza a cada una de las víctimas. Se niega la posibilidad de profundizar investigaciones, y las causas tardan años en llegar a juicio. Muchas veces, si no es como consecuencia de la movilización y la militancia, los casos no llegan a una condena.”

Por otra parte, resaltó que “recién con la pandemia se logró aceitar el otorgamiento de perimetrales el mismo día que una mujer hace una denuncia. Sólo así se logró que se agilicen estos mecanismos. La Justicia patriarcal y machista nos quiere calladas o muertas. Su actual funcionamiento resulta un obstáculo.”

Siguiendo esta línea, Ximena Martínez, psicóloga e integrante de Coordinadora de Agrupaciones de Género de San Martín; también en diálogo con Zorzal diario hizo hincapié en las prácticas cotidianas y silenciosas que dificultan el camino de las mujeres que quieren denunciar: “No sólo vemos falta de acceso a la justicia. Observamos pequeñas prácticas muy violentas en el funcionamiento del sistema: para lograr hacer una denuncia, una mujer tiene que ir de un lado para el otro recorriendo oficinas. Muchas veces le toman una declaración en simultáneo, al lado de otra mujer.”, y concluyó, “Esto hace que los espacios no sean amigables, y produzcan desánimo.”

Martínez apuntó a la importancia de las políticas públicas de prevención para erradicar la violencia, pero también a lo imprescindible que resulta la reparación. Al respecto señaló: “El poder judicial opera en el proceso de reparación subjetiva de la víctima. Esto tiene que ver con la posibilidad de curar o aliviar ese dolor. Además de otras herramientas, la reparación jurídica es fundamental para ésto.”  

En el caso de Úrsula, todo lo que podía fallar, falló. Desde las organizaciones feministas esperan que su asesinato resulte un caso bisagra para que las herramientas de estado y del poder judicial realmente velen por la integridad de quienes dicen defender.