LA POLICÍA MATÓ A DIEGO CAGLIERO: “Se metieron con la familia equivocada”

Las pericias confirmaron dos datos centrales que comprometen aún más a las fuerzas policiales: las balas que hirieron a Diego y a sus amigos fueron disparadas por policías de servicio y no hubo ningún disparo efectuado por el grupo de chicos, que estaban en la camioneta con el logo de Aysa, el 19 de mayo. 

Diego era músico, compositor, murguero, trabajador, tenía 30 años, y planeaba compartir un asado con los suyos, después de un velorio en el que despidieron a otro amigo. En la actualidad hay dos policías detenidos, pero se exige que la investigación avance sobre las responsabilidades de todos los funcionarios que pusieron en riesgo las vidas de los 8 jóvenes que iban en la camioneta y de todos los que pasaban en ese momento por la Avenida Márquez. 

La noticia cobró notoriedad basándose en la versión policial, que afirmaba que los chicos habían robado una “importante suma de dinero” de un supermercado chino de Martín Coronado, su propio barrio. Toda una mentira para encubrir el error fatal que habían cometido los efectivos. Cayó en la trampa el intendente de Tres de Febrero, Martín Valenzuela, que felicitó vía Twitter a los agentes policiales por la forma en que resolvieron el supuesto hecho delictivo: “Tampoco debería celebrar la muerte de ninguna persona, aunque hubieran robado”, reflexiona Yamila, hermana de Diego, quien está organizando la marcha a los Tribunales de San Martín, para el próximo martes 16 de julio, a las 10 de la mañana. 

“Se metieron con la familia equivocada”, repite con dolor, y su mamá, Adriana asiente a su lado. Ellas son conscientes de que éste trato, éste “disparar primero y averiguar después”, es el modo que vienen operando las fuerzas de seguridad con los y las jóvenes de los barrios populares, que son avalados por las políticas de seguridad de los gobiernos nacional y provincial. Los policías que matan en las calles responden al fuerte mensaje que emanan las pantallas cuando muestran que Patricia Bullrich y Mauricio Macri reciben como héroe al policía Luis Oscar Chocobar, que asesinó por las espalda a Juan Pablo Kukoc, de 18 años, el 8 de diciembre de 2017. 

“Se metieron con la familia equivocada”, porque muchas de estas familias están desamparadas cuando les atraviesa una tragedia de tal magnitud, y el dolor que provoca la muerte de un ser querido muchas veces no deja espacio para levantarse y enfrentarse al maltrato que propician los tribunales, los palacios judicial, a todos los de su clase. 

La familia de Diego Cagliero sí pudo. Fueron a Tribunales, se reunieron con fiscal Gabriel Disnan, de la UFI 5, y le exigieron que se hicieran todas las pericias correspondientes – -todavía faltan más, aunque ya hay dos policías imputados y detenidos-. Y también reclaman que se libere a Ángel, otro de los chicos que estaba en la camioneta, que como tenía una causa previa pretenden endilgarle responsabilidades que no tuvo en este hecho.

Ángel, es papá de una niña, estaba con sus amigos, incluído Diego, por supuesto. Los videos muestran que hubo una emboscada por parte de la policía, y que al menos dos agentes dispararon una balacera contra la camioneta. Ahora, para justificar su accionar quieren construir una ficción – que hubo alguna acción que justificó semejante violencia-, y para ello eligen al más débil: un chico que tenía un antecedente penal. Lo exponen a Ángel como persona “peligrosa”, por una ¿intuición? del juez de Garantías, sin ninguna prueba en su contra. Primero lo dejaron varios días en la misma comisaría donde trabajan los asesinos de su amigo, y ahora lo mantienen detenido en otra comisaría.

La situación económica de la familia de Diego es de emergencia. La respuesta del Estado para con este grupo de víctimas es más criminalización. La marcha del martes también reclama la inmediata libertad de Ángel, a quien el papá de Diego describe como “un chico buenísimo”.

Adriana García, la mamá de Diego y de otras dos chicas -una mayor y una menor- que participan de las reuniones con vecinos y organizaciones de todo tipo, para hacer crecer el reclamo, piensan en Diego, en Ángel y en todos los pibes de las barriadas. Pocos días después del hecho, hicieron una primera marcha con familiares, amigos y vecinos, y cuando pasaron por enfrente de la Comisaría Eufrasio Álvarez, Adriana les dedicó unas palabras a los policías apostados en la puerta, les habló como docente, y les dijo: “Tu hijo, tu hija, y tus otros hijos, fueron enseñados por una maestra como yo. Mi hijo el domingo iba a comer ravioles a mi casa. Y ustedes, caminando por la calle, los hicieron bajar de una camioneta y lo mataron. Si tienen madre, si tienen padre, si tienen hijos, es la única manera que me van entender”.

Ayer la familia sacó un comunicado para convocar a la marcha y para ofrecer claramente y sin intermediarios su análisis sobre los hechos y las responsabilidades que le caben a cada quien. Allí aclaran que:

• El oficial Rodrigo César Exequiel Canstatt asesinó a Diego de un disparo por la espalda, y que según corroboraron las pericias disparó no menos de 10 balas contra la camioneta de Aysa. Se encuentra detenido, imputado por el delito de homicidio calificado.
• El subinspector Sergio Darío Montenegro también está detenido por la tentativa de homicidio contra otro de los chicos, Mauro Tedesco, que también forma parte del grupo que iba en la camioneta. 

Sin embargo estas detenciones no resultan suficientes, ya que piensan que toda la versión falsa logró desmontarse por “la organización y el reclamo colectivo”, porque fue tras esta presión que la fiscalía avanzó con la investigación. Y todavía no se ha determinado la responsabilidad que cabe al resto de los agentes que participaron del operativo en el que asesinaron a Diego, y que pusieron en riesgo la vida de las 8 personas que se trasladaban en la camioneta, y también de quienes pasaban por allí. ¿Quién dio las órdenes para que se montara tremendo operativo, a los tiros en el medio de una avenida transitada, y sin ningún motivo, sin que antes hubiera estado en riesgo la vida de ninguna otra persona?  Y además, ¿cómo se montó la maniobra de encubrimiento, para hacer creer hasta al mismísimo intendente que había existido un tiroteo que nunca sucedió?

Por eso, con la marcha del martes 16 de julio, se reclama:

• El procesamiento de Canstatt y Montenegro por los delitos que se les imputan, y que por la gravedad de los delitos que se les imputan esperen detenidos al momento del juicio por los únicos dos motivos que establece el código para dictar una prisión preventiva: el riesgo de fuga y de entorpecer la investigación.
• Por el contrario, sí debe ser liberado inmediatamente Ángel Gramajo, que fue víctima de esta grave situación de violencia institucional, y debería ser protegido por el Estado. No existe ningún riesgo de fuga ni de que entorpezca investigación alguna: no tiene intenciones ni poder para hacerlo. Es víctima de esta situación y debería ser tratado como tal, con la debida atención de su salud mental y de su grupo familiar, que ya no cuenta con su sostén económico.
• Por eso, exigen al juez de Garantías Mariano José Gramático Mazarí algo que debería ser obvio: “que mantenga la imparcialidad que supone su función”.
• Apelan también al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand y al fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo para que garanticen la transparencia que lleva adelante la agente fiscal Gabriela Disnan.

Se espera que el marte un buen grupo de personas y organizaciones pondrán el cuerpo para que el reclamo se escuche en los Tribunales de Ruta 8. A todas luces puede verse que “Se metieron con la familia equivocada”, y que además señala un camino con su reclamo. Con Adriana en su rol docente, con Yamila con su traje de guerrera, con el sobrino que apenas pudo disfrutar de su tío, con un padre de pie con su familia ensamblada, irán trazando huella para que haya justicia, cada vez que el Estado dispare contra el pueblo al que debe proteger.

Fotos: Mayra Llopis Montaña