Masacre de Carcova: Archivaron las causas contra los jefes policiales

El 3 de febrero se cumplirán 8 años del asesinato de Mauricio Ramos y Franco Almirón durante la feroz represión policial que también dejó con heridas gravísimas a Joaquín Romero. Por el hecho está condenado a 15 años y seis meses de prisión el ex instructor de tiro Gustavo Vega, de la Policía Bonaerense, y la Cámara de Casación Penal ha ordenado que se realice un segundo juicio contra el policía Gustavo Rey, que resultó absuelto por el beneficio de la duda, en el primer juicio que se desarrolló en febrero de 2014. La investigación contra los jefes policiales fue archivada.

Además de juzgar a los responsables materiales de los homicidios, los familiares de las víctimas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional vienen empujando una investigación contra los jefes policiales que ordenaron la represión y volvieron a buscar municiones a la comisaría 4ta de José León Suárez, aquel 3 de febrero de 2011, cuando reprimieron a los vecinos y vecinas de Carcova que se acercaron a un tren de carga que había descarrilado por el mal mantenimiento de las vías.

En esta segunda causa contra los jefes policiales, deberían ser citados a declarar: Víctor Hugo Hualde, Amilcar Esteban Pino, Carlos Amado Silvia Marinone, Carlos César Aguirre, Claudio Guete e Ignacio Azario. A fines del año pasado la fiscal interviniente decidió archivar la causa con una breve resolución, sin fundamentos, cuestión que motiva que los particulares damnificados no sólo pidan que se reabra la causa, sino también que se aparte a la fiscal.

En el extenso escrito presentado por María Elena Ramos, mamá de Mauricio, y por el sobreviviente Joaquín Romero, se solicita al fiscal de Cámara la reapertura de la investigación y el apartamiento de la agente fiscal interviniente, Gabriela Disnan de la UFI 5.  Allí se argumentaba jurídicamente la responsabilidad penal de los funcionarios policiales, y se solicitaba que se designe a un nuevo fiscal para llevar adelante la investigación reabierta, para que se avance hacia un juicio oral y público. Sin embargo, el fiscal general desestimó estos argumentos y confirmó el archivo de la causa. “Era esperable, pero no deja de ser una muy mala noticia”, lamentó el abogado Federico Efrón, del CELS, que representa a las víctimas.

Los argumentos

Para las organizaciones y para los familiares de las víctimas es un caso en el que puede comprobarse la responsabilidad de las autoridades. En un determinado momento del operativo represivo que la Policía Bonaerense desplegó para defender el tren de carga que había descarrilado, el 3 de febrero de 2011, el comisario Hualde y el subcomisario Pino se dirigieron a la comisaría 4ta. -que ellos conducían- a buscar más armamento y una pistola lanza gases. Al volver al lugar de los hechos se encargaron de trasladar a dos efectivos más -Aguirre y Guete-, que resultarían centrales para el lamentable desarrollo de los hechos.

En el marco del juicio oral que se desarrolló en 2014, varios testigos coincidieron en contar que el grupo de jóvenes se encontraba guarecido detrás de una pila de chatarra, que  tiraron hacia allí una bomba de humo, “que te hacía llorar”. El primo de Mauricio explicó que en ese momento decidieron salir de ese lugar, a pesar del peligro que implicaba, porque no se podía respirar.  “Ahí mi primo dijo que nos vayamos, y cuando salgo de la chatarra, es como que le di paso, se desparramó el humo y veo al muchacho apuntando con la escopeta, el morocho de anteojos [en referencia al policía Gustavo Rey] y lo primero que hago es agacharme y lo tenía a mi primo ahí nomás, al lado mío, pero mi primo no hace lo mismo que yo, y cuando me levanto ya estaba herido”. Otros testimonios también dan cuenta de que ese disparo de gas, ejecutado por Aguirre por orden de Hualde, fue determinante en la efectividad de los disparos mortales y en el resultado de la muerte de las víctimas: las personas fueron obligadas a salir de su refugio a raíz del efecto del gas lacrimógeno y quedaron en la línea de fuego de las escopetas policiales.

Por Vanina Pasik