Masacre de Carcova: familiares y la dirigencia política de San Martín pidieron justicia

Se realizó un acto en la Plaza de los Trabajadores de José León Suárez. Las familias y amigos de los jóvenes asesinados por la policía bonaerense estuvieron acompañados por gran parte de la dirigencia política del partido. 

Familiares y amigos de Mauricio Ramos y Franco Almirón, junto a las organizaciones sociales y políticas de San Martín, renovaron el pedido de justicia por los jóvenes asesinados por la policía bonaerense en 2011. Estuvieron presentes los funcionarios del Gobierno nacional: Gabriel Katopodis y el secretario de Derecho Humanos Horacio Pietragalla; el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires Matías Moreno; el intendente local Fernando Moreira y el diputado nacional Leonardo Grosso. También asistieron al acto la intendenta de Moreno Mariel Fernández, el rector de la Universidad de San Martín Carlos Greco y el padre “Pepe” José María Di Paola. 

Diez años atrás, el 3 de febrero de 2011, la policía bonaerense fusiló a dos jóvenes e hirió gravemente a un tercero tras el descarrilamiento de un tren de carga en el barrio de Carcova, en José León Suárez. Desde allí las organizaciones sociales y políticas del distrito vienen construyendo memoria y reclamando por Justicia. Este año, a causa de la pandemia del Covid-19, se realizó un acto reducido en la Plaza de los Trabajadores donde se inauguró un señalamiento en homenaje a Mauricio Ramos y Franco Almirón. 

Analía Ramos, tía de Mauricio Ramos, dijo: “Vamos a seguir pidiendo justicia hasta que consigamos lo que queremos y descansen en paz”. Recordó a su sobrino como “un pibe de barrio, feliz y contento. Era verlo en la esquina, sentado con sus amigos o en la casa de su abuela”. También agradeció al Movimiento Evita y al diputado nacional, Leonardo Grosso por “el acompañamiento desde el principio”.

Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos del Gobierno nacional, se manifestó sobre el sentido que tiene realizar señalamientos en distintos puntos del país: “Lo hacemos porque entendemos que hay que cambiar nuestra democracia, cambiar nuestra política de seguridad y pensar estrategias, acompañando a las víctimas y copiando algo que nos dio escuela en nuestro país, que tiene que ver con copiar esa lucha por memoria verdad y justicia que llevaron adelante nuestras madres y abuelas de plaza de mayo”.

Leonardo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos, recordó: “Hace diez años la policía mataba a 2 pibes y todavía estamos esperando que la justicia haga algo: falta justicia. El poder judicial está en deuda con nosotros y con nosotras”. A su vez dijo, sentirse “orgulloso” de la comunidad política de San Martín, que estuvo presente desde el primer momento. 

“Somos una comunidad cada vez mejor porque tratamos de que esto no vuelva a pasar. Estamos construyendo la memoria, sembrando la memoria y la verdad, y en algún momento vamos a cosechar la justicia de las instituciones”, continuó Grosso. 

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, dijo: “Todos los 3 de febrero, que es el día por la Eliminación de la Violencia Institucional, nos encontramos como acto principal recordando esos hechos, pero también poniendo de manifiesto la necesidad de avanzar en la lucha contra la violencia institucional y con un objetivo de fondo que es democratizar la fuerzas de seguridad”.

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, estuvo presente en el acto y resaltó la importancia del acompañamiento a la familia. En diálogo con Zorzal Diario expresó: “Es importante que estemos presentes reclamando justicia y trabajando por una política y una decisión: que es que en San Martín y en ningún otro lugar de la Argentina pasen cosas como estas”. También se sumó al pedido de justicia: “Necesitamos que después de diez años se haga justicia, y necesitamos que los responsables estén en prisión y podamos garantizar que nunca más vuelva a ocurrir”.

El rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, remarcó el compromiso de la UNSAM con el territorio: “Con el diputado Leo Grosso trabajamos en la construcción del observatorio de violencia institucional y lo hicimos aportando los profesores e investigadores. Eso tiene que ser complementado con la práctica y estos hechos no tienen que volver a ocurrir”. 

A diferencia de otros años, el acto se realizó con presencia reducida dadas las circunstancias de la pandemia del Covid-19. A lo largo de los diez años, las organizaciones sociales y políticas acompañaron el reclamo de justicia con multitudinarias movilizaciones, haciendo de la jornada el acto de Derechos Humanos más importante de la región.