Megacausa de Campo de Mayo: perpetua para diez genocidas

Los tribunales federales de San Martín tuvieron una semana intensa con la celebración de dos fallos condenatorios por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico militar. Ayer hubo 19 condenas por la Megacausa Campo de Mayo, mientras que el lunes fueron cuatro los condenados por la investigación sobre los denominado “Vuelos de la Muerte”, que partían desde ese mismo campo de concentración, por donde pasaron más de 6.000 detenidos desaparecidos y donde sobrevivió menos del dos por ciento.

En la Megacausa se juzgaron delitos sobre 347 víctimas y el juicio insumió 126 audiencias. De los 19 imputados, 10 fueron condenados a prisión perpetua mientras que los restantes también fueron condenados con penas que oscilan entre los 4 y los 20 años de prisión.

Campo de Mayo fue la sede del Comando de Institutos Militares que estuvo a cargo de la Zona de Defensa IV, correspondiente a la zona norte del conurbano bonaerense y donde funcionaron varios centros clandestinos de detención. El debate reconstruyó las trayectorias políticas de las víctimas e investigó secuestros masivos de trabajadores y delegados sindicales en Dálmine Siderca, Mercedes Benz, Ford, Astarsa y los ceramistas de Lozadur y Cattáneo, entre muchos otros.

Entre las víctimas hubo 14 mujeres embarazadas cuyos hijos e hijas fueron apropiados. Cinco de ellos pudieron ser restituidos a sus familias y recuperaron su verdadera identidad. Sin embardo, diez de ellos, hoy adultos, aún permanecen apropiados y sin conocer su verdadera identidad.

Entre los condenados están el comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, el jefe de Inteligencia Luis del Valle Arce, de Contrainteligencia Carlos Javier Tamini y dos oficiales del área, Mario Domínguez y Bernardo Caballero. Con función directa en el CCD “El Campito” estaban los interrogadores expertos enviados por el Batallón 601: Miguel Ángel Conde, Carlos Eduardo Somoza y Carlos Villanova, alias Gordo 1, quien murió impune. El ex militar Carlos Rojas estaba encargado de los perros de guerra. Oficiales y suboficiales de Gendarmería integraban las guardias internas del centro clandestino de detención. Están acusados Hugo Miguel Castagno Monje, uno de los jefes de los celadores, y Roberto Julio Fusco, alias Pajarito.

La Zona de Defensa IV se dividía en áreas, que estaban a cargo de las escuelas militares. Luis Sadi Pepa era jefe de la Escuela de Comunicación y del área 420 (San Isidro) y Eugenio Guañabens Perelló lo era de la Escuela Lemos y del área 470 (General Sarmiento). Del circuito represivo del Área 400, compuesta por centros clandestinos en Zárate, Campana y Escobar, están en el banquillo el jefe del área, Francisco Agostino, Pacifico Luis Britos, integrante de la plana mayor) y Ramón Vito Cabrera, jefe de tareas de la fuerza. Los marinos Federico Ramírez Mitchell y Alfredo Oscar Arena prestaron funciones en el Arsenal Naval de Zárate, donde funcionó un CCD. Están acusados también los comisarios Carlos Daniel Caimi (Villa Ballester) y Arnaldo Jorge Román (General Sarmiento)

Más allá de que las querellas ya expresaron que presentarán recursos ante casación por algunas de las condenas, por considerarlas insuficientes, y por no compartir el criterio de que sólo los jefes obtengan la máxima pena, resulta sumamente valioso el valor de verdad histórica que el juicio otorga a los testimonios.

“Uno viene a estos juicios y saca afuera las peores vivencias que tuvo -decía tras conocerse la sentencia Lorena Battistiol Calazago, querellante por el denominado caso 249-, ellos (los jueces) lo escucharon y escribieron un fallo que está diciendo que todo lo que dijimos es verdad”. Lorena, visiblemente conmovida, agrega que antes había personas que podían creerle, y otras que no, pero la situación cambia con un fallo que dice que todo esto es verdad. “En estos juicios se disputa la historia”, suele decir Gabriela Sosti, una fecunda investigadora del poder judicial.

En el predio, de más de cuatro mil hectáreas, hubo presos políticos en diversos sitios, como “El Campito” o “Los Tordos”, “Las Casitas” o “La Casita”, el Hospital Militar con su maternidad clandestina y la prisión de Encausados. Gabriela Sosti, auxiliar fiscal a cargo de los alegatos, remarca la importancia de que en este juicio, que reúne y estructura los resultados de 14 investigaciones previas, se reconoció la existencia del área 400. 

Los números son contundentes y dan cuenta del minucioso trabajo de investigación articulado tanto por los jueces, como por el ministerio público fiscal, acompañado por las querellas particulares y las querellas institucionales de las Secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, como de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS. 

Todas las audiencias del juicio se transmitieron en vivo por YouTube y pueden verse gracias al enorme esfuerzo del medio comunitario -y parte de la Red de Medios Digitales-La Retaguardia. Centenares de familiares de víctimas, organizaciones como la Comisión por la Memoria de San Martín, y militantes, rodearon a los y las sobrevivientes que esperaron la sentencia desde el mediodía. A las 14 comenzó la lectura que se extendió hasta las 16, y concluyó con los liberadores cánticos que juran que “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

La represión en Campo de Mayo, y los empresarios de Zona Norte

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Con el objetivo de comprender el funcionamiento del plan sistemático de exterminio y tortura, con fines pedagógicos para disciplinar a la población en general a través del horror, del sufrimiento, propinando la tortura, cometiendo homicidios desde el propio Estado, desapareciendo los cuerpos. El pacto de silencio de los perpetradores se sostiene casi 50 años después, y sigue siendo fundamental que el Poder Judicial legalice las investigaciones de miles de testigos anónimos que durante todas sus vidas trabajaron para conocer el destino final de sus seres queridos, de sus compañeras y compañeros de militancia juvenil.

“Todos en Campo de Mayo sabían del centro clandestino”, había dicho en la audiencia 90 Bernardo Caballero, personal de Inteligencia del Ejército retirado, que ayer resultó condenado. Sin correrse de su pretensión de inocencia, el militar exigió que la Justicia investigue a “los jefes que están bajo un paraguas protector”. Fueron dos jornadas en las que amplió su declaración, y sin dar nombres, el miembro retirado de inteligencia del Ejército aseguró la existencia de reuniones entre jefes del área (del Ejército) con los dueños de las fábricas de la zona. “Lo cual demuestra que el objetivo de la dictadura era exterminar a la clase trabajadora”, indicó Sosti. “A partir de esto, la instrucción tiene más elementos para avanzar sobre la responsabilidad civil, no hay más razones para demorarse”, completó.

Campo de Mayo no fue un centro de tortura, exterminio y muerte más. Empieza a dilucidarse que no sólo por la cantidad de detenidos, sino también por los testimonios de ex colimbas y ex conscriptos que fue un espacio nodal para el funcionamiento de todo el aparato represivo. Se pudo saber que el área 400 de inteligencia del ejército funcionó allí y que tuvo relación directa con las máximas autoridades de las empresas de la zona norte, que buscaban disciplinar a los obreros sindicalizados, que en los años 60 y 70 tenían la capacidad de articularse y detener la producción ante el incumplimiento de derechos laborales en la más remota de sus filiales.

También deberán repararse los legajos laborales de los y las desaparecidas. Nadie abandonó su puedo de trabajo, sino que estaban detenidos de forma clandesitna.

El juicio por los Vuelos de la Muerte y la reparación

El TOF 2 de San Martín condenó este lunes a los ex integrantes de la plana mayor del Batallón de Aviación 601 Luis Del Valle Arce, Eduardo Lance y Ángel Delcis Malacalza y el excomandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, culpables de allanamiento ilegal y de la privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio agravado de cuatro personas que estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio denominado “El Campito” y cuyos cuerpos fueron encontrados en la costa atlántica entre 1976 y 1978: Adrián Enrique Accrescimbeni, Juan Carlos Rosace, Rosa Eugenia Novillo Corvalán y Roberto Ramón Arancibia.

Como parte de la reparación a las víctimas, el tribunal ordenó remitir testimonio de la sentencia al Grupo Clarín para que se adecúe una nota publicada el 24 de noviembre de 1977 titulada “Buscan a familiares de dos niños abandonados”, sobre los hijos de Roberto Arancibia, quien había sido secuestrado y desaparecido. No eran dos chicos perdidos, no estaban solos, sino que eran víctimas del delito del secuestro de sus padres.