Caso Solorza: “Espero que la autopsia muestre la culpabilidad del sistema”

Tenía 40 años, murió presa y esposada a una camilla de terapia intensiva como consecuencia de la precariedad institucional que existe en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La Justicia la acusaba de haberse realizado un aborto clandestino. Patricia Solorza estaba detenida en la Unidad 47 de José León Suárez, y allí estudiaba sociología en la Sede (CUSAM) que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) fundó en el penal 48 del mismo Complejo. También realizaba muchas actividades con distintas organizaciones que visitan y trabajan en el contexto.

A dos meses de su fallecimiento, Zorzal Diario dialogó con Luján Solorza, hermana de la víctima, quien busca que lo ocurrido no quede impune: “Lo último que sé sobre el caso de Patricia es que la Justicia llamaría a declarar a todas las mujeres que convivían con ella en la celda. Con mi otra hermana dimos nuestros testimonios como voluntarias en la causa. Los resultados de la autopsia que le practicaron ya están disponibles, pero aún no tuve acceso porque cuando fui era tarde. Es importante, porque en base a estos resultados vamos a iniciar un juicio al Estado”.

La mujer tuvo una vida muy sufrida ya que resultó víctima de distintos tipos de violencia desde muy chica. Seis años atrás fue acusada de haberse realizado un aborto. Ella siempre sostuvo que no sabía que estaba embarazada y la Justicia tampoco pudo determinar si el aborto fue provocado o espontáneo. Fue condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. En ese momento, Patricia había pedido cumplir la condena en su domicilio porque tenía una nena de cuatro años y su otro hijo, de 14, tenía un retraso madurativo luego de haber contraído meningitis de pequeño.

Semanas atrás, el Instituto de Altos Estudio Sociales (IDAES) y la dirección del CUSAM a cargo de la doctora Natalia Ojeda, se juntaron en una de las aulas de la UNSAM y analizaron la situación actual de las cárceles. En el debate llegaron a la conclusión de que estas instituciones siempre están ligadas a la vulneración de los derechos de las personas que transitan el encierro. También quedó claro que a pesar de que sucede históricamente, en los últimos años hubo un aumento exacerbado.

Según estudios realizados sobre los penales, las cárceles sólo producen y reproducen más violencia de la que ya existe en la sociedad. Mujeres y hombres que transitan el encierro punitivo se cansan de pedir a gritos ser llevadas al sector de sanidad, pero pocas veces sucede. La atención médica es esporádica, casi nula. Si una persona tiene una enfermedad y permanece en un penal, está condenada a muerte. Es evidente que existe un genocidio por goteo que es protagonizado y silenciado por el sistema penitenciario y el poder judicial, que a diario se cobran la vida de quienes padecen el cautiverio.

Patricia había enviado varios escritos al Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Quilmes, que tenía su tutela, pero jamás le respondieron. Junto a sus compañeras de encierro reclamaba todos los días que la lleven al área de sanidad del penal, pero no fue escuchada. Los médicos de la Unidad 47 afirman que no tienen los medicamentos, ni las máquinas, ni los profesionales suficientes para suplir la demanda que hay en la cárcel. La muerte de la mujer se podría haber evitado, pero la desidia es muy grande. Las cárceles son una deuda de la democracia y representan un gran olvido social.

Natalia Saralegui, es abogada y participa en una investigación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que estudia casos de mujeres criminalizadas e imputadas en causas penales por delitos que tienen que ver con eventos obstétricos durante el embarazo. En el dialogo que mantuvo con Zorzal Diario, dijo: “Conocí a Patricia, ella me contó que no sabía que estaba embarazada. Era una mujer con muchos proyectos universitarios, otros tenían que ver el rugby, con sus hijos y el resto de su familia. Su propósito era ayudar a sus compañeras de encierro. Recuerdo que la entrevisté en mayo de este año. Me comentó que estaba con vómitos y que le costaba comer. Le pregunté si había pedido por su salud y me trasmitió que la atención médica es algo muy difícil de conseguir en la cárcel”.

“Estaba muy contenta con lo que recibió de la universidad pública. Hablaba mucho de sus compañeras de la organización política y feminista Yo no Fui, con quienes se sentía muy comprendida y acompañada. Patricia fue una gran luchadora de la vida, espero que la autopsia muestre la culpabilidad del sistema para que su familia tenga justicia”, concluyó Saralegui.

“Pato”, como todos la llamaban, era buena compañera, así la recuerdan sus pares y conocidas: como una gran mujer comprometida con la educación y con el deseo de ayudar al otro. Fue una referente para muchas chicas de su pabellón que llegaron al espacio universitario a través de ella. Faltaba muy poco para que recuperara la libertad. Le gustaba mucho el arte, la poesía y era parte del equipo de rugby “Las Espartanas” de la unidad 47.

Patricia Solorza purgaba condena tras haber sido acusada de realizarse un aborto clandestino. El Código Penal argentino condena a toda mujer que aborte fuera de los parámetros legales. Está estipulado en el artículo 85 inciso 2. Sin embargo, la mayoría de la población mundial vive en países donde el aborto es legal, solo en los que son subdesarrollados está prohibido. Es por eso que se impulsó la Campaña en América Latina y el Caribe. Hace un tiempo atrás, hablar del aborto era un tema privado, no se podía. Gracias a la militancia y la lucha de las mujeres, travestis y trans se instaló el debate en la esfera pública. El año pasado se debatió en el Congreso Nacional la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto fue presentado nuevamente este año, como se viene haciendo desde 2005.