Programa “más trabajo, menos reincidencia”: proponen un cambio de paradigma

Autoridades bonaerenses proponen cambios profundos en el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires. Este organismo cumple la función de acompañar y brindar herramientas a las personas que salen de las cárceles. Si bien continuará con la tarea: lo hará en conjunto con las organizaciones sociales de liberados. El sector de ex detenidos de San Martín expresa sus ideas. 

“El patronato actúa con personas que salen de los penales, a quienes el Poder Judicial -durante una etapa de la ejecución de la pena- libera y manda a que cumplan con nosotros hasta que se agote la condena impuesta. Pero más de la mitad de los hombres y mujeres salen sin tener que rendir cuentas porque ya son reincidentes y son liberados cuando terminan de cumplir. Por eso no reciben ningún tipo de acompañamiento, desde ahora en adelante trabajaremos con estas personas”, explica a Zorzal Diario, Aníbal Hnatiuk, presidente del Patronato de Liberados de la Provincia.

En esta línea proponen asistir y brindar tratamiento a más personas. Para ello se necesitan más recursos, porque está comprobado que éstas personas atraviesan situaciones de marginalidad social: “No tuvieron acceso a los condiciones básicas de la vida, como ser, alimentación, educación, trabajo entre otros derechos humanos que son fundamentales”, asegura Hnatiuk.

“Desde el patronato seguiremos ejerciendo las tareas de control estipuladas en la Ley de Ejecución penal 12.256. Pero lo haremos articulando con organizaciones sociales compuestas por personas liberadas y con municipalidades que tengan funcionando cuadrillas de mantenimiento urbano o algún programa asistencial”, detalla.

“El programa ’Más trabajo, menos reincidencia’ es el eje rector de este cambio de paradigma. Esto implica coordinar con el Ministerio de Educación de la provincia, que va a fomentar la continuidad de los estudios que las personas empiezan cuando transitan  el encierro y que mayormente cuando salen abandonan por falta de recursos y acompañamiento”, continúa el presidente del Patronato. 

“Por su parte, el Ministerio de Trabajo de la provincia incluirá a personas liberadas en sus programas. También se fortalecerán los espacios cooperativos de personas liberadas. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad brindará asistencia directa a quienes lo necesiten. Es una mesa de trabajo multiactoral, donde autoridades nacionales, provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad participan para integrar a éstas personas”, termina Hnatiuk.

En cuanto a los números heredados por el gobierno de Cambiemos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confió a Zorzal Diario que “el 12 de diciembre teníamos 51.725 internos y 24.000 plazas, es decir que la superpoblación alcanzaba el 120% y hacía 8 meses que no se les pagaba a los proveedores de alimentos y medicamentos, con una deuda total de 1.830 millones de pesos”.

Además aseguran que desde 2005 a 2019 la “superpoblación creció en 4.000 internos por año, es decir, se sumaron 16 mil internos a las cárceles pero nada más se construyeron 1.501 plazas”. En cuanto a la falta de remedios, que empeoró en los últimos cuatro años, explican que “el estado de salud de los internos se agravó, sólo teníamos 1.130 historias clínicas cuando había más de 4.000 internos enfermos”.

La semana pasada se realizó una reunión conjunta. Fue convocada por las Comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados provinciales. La que presiden Susana González y Jorge D’onofrio, del Frente de Todos. Ese día el ministro Julio Alak presentó un diagnóstico de la situación, enumeró las medidas impulsadas y anunció otras a implementar.

Durante el encuentro, que se desarrolló de manera virtual y en el que también participó el subsecretario de Política Criminal Lisandro Pellegrini, se expuso todo el trabajo realizado en las cárceles bonaerenses para prevenir el ingreso del Covid-19. Se desarrollaron los rasgos principales del programa “Más trabajo, menos reincidencia”, que propone incluir a personas privadas de libertad, y cuando salen de las cárceles, en el seno social y laboral. También se acordó sobre la necesidad de hacer reformas en la legislación bonaerense en aras de modernizar su régimen procesal penal y, a la vez, incorporar la perspectiva de la víctima.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia contaron a Zorzal Diario: “Expusimos ante la mesa de trabajo todas las medidas que tomamos en el ámbito carcelario para evitar el ingreso del virus a los penales. También analizamos de qué manera los detenidos pueden continuar con sus tareas extracurriculares en forma virtual”.

“Logramos la conectividad de las 60 unidades penitenciarias a través de Internet. Entonces las personas detenidas pueden hacer cursos y estar conectadas con sus familiares. Otro tema que abordamos fue que la Suprema Corte dispuso que en un plazo razonable la Provincia debería ajustar su legislación a la Ley nacional de victimas”, reconstruyen desde el Ministerio.

Y continúan subrayando y enfatizando que “en el mismo fallo la Corte dijo que todas las normas procesales dictadas en las últimas décadas fueron muy regresivas y que obstaculizaron las morigeraciones de la prisión preventiva. Y que esto fue lo que generó el colapso en las cárceles y un hacinamiento sin precedentes en la historia de la cárceles bonaerenses”.  

Los funcionarios celebraron el plan de infraestructura que prevé la construcción de dos mil plazas carcelarias. Destacaron que por primera vez en la historia provincial se construirán doce centros médicos modulares con fondos nacionales. En la misma línea recordaron el logro de la conectividad informática de todas las unidades penitenciarias y alcaidías, lo que no sólo redunda en seguridad, sino que permite ahorrar 90 millones de pesos en traslados de detenidos, seguros y gastos de combustible.

Una de las tantas cosas que se plantearon en la reunión remota fue que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resolvió disolver la Dirección de Inteligencia del SPB. Fue una orden que se ejecutó casi instantáneamente. Lo hizo con el objetivo de democratizar y hacer visible la actuación del organismo que debe capacitar y brindar herramientas a las personas que transitan el encierro punitivo y cuando salen. Además, ya comenzaron las jornadas virtuales para ir debatiendo temas sobre como seguir avanzando. 

Desde el sector de personas liberadas de San Martín expresan a este diario: ”Buscamos una política pública que garantice los derechos de quienes salen de las cárceles. Resulta necesario tanto en su diseño como en su gestión, integrar la experiencia y códigos de organización con la que ésta población logra sobrevivir a las tendencias de una política de seguridad privativa de derechos y garantías constitucionales”, explica Mario Cruz, ex detenido y referente del Centro Cultural “Los Amigos”, de barrio Sarmiento.   

“Tenemos que recuperar la memoria del trabajo como eje organizador en sectores populares prisionizados. Queremos un Patronato de Liberados que sea eficaz en sus políticas de inclusión. Este organismo ahora tiene el desafío de redefinir la noción de control, es decir, ya no solo desde la vigilancia de sus ‘tutelados’, sino, incluso, integrando saberes territoriales”, finaliza y subraya, Cruz.