Esta relato fue escrito por una trabajadora de una Casa Convivencial de Acompañamiento Comunitario a mujeres en situación de consumo problemático.
El viernes empezó como empiezan estos días: con la sensación de que cualquier mínimo
equilibrio puede romperse. La chica, que vamos a llamar J; salió a su salida recreativa
como tantas veces. Tenía derecho a ese rato afuera, a despejarse, a sentir que la vida no se
reduce a sobrevivir. Pero volvió en consumo, y enseguida el cuerpo empezó a decir lo que
el relato todavía no podía: convulsiones. Rápidas, profundas, de esas que te hielan la
sangre porque sabés que ahí ya no hay palabra, no hay acompañamiento, no hay territorio
que alcance. Solo urgencia.
Llamamos al servicio de emergencias. Explicar la dirección, repetir que está
convulsionando, sentir que del otro lado no hay la misma velocidad ni la misma gravedad.
Cincuenta minutos. Cincuenta minutos al lado de un cuerpo que tiembla mientras la
ambulancia no aparece. En la espera, una persona del número de urgencias nos dijo
algo que todavía retumba: que en todo San Martín había solo cuatro ambulancias
para cubrir la demanda del municipio. Cuatro. Ese es el tamaño del sistema
disponible cuando la vida pende de un hilo.
Cuando el SEM llegó, la derivaron al Hospital Municipal. En la guardia la ingresaron rápido y
quedó internada. Nos dejaron pasar a verla un momento.
La escena era un espejo roto del mismo dolor: cinco personas más, atadas a las camas con
vendas, en estado psicótico. Las miradas perdidas, los cuerpos tensos, la quietud artificial
de la medicación. Un cuarto donde el tiempo no avanza y el cuidado parece reducido a su
forma más primitiva: sujetar, dormir, esperar.
Al día siguiente, hablamos con la psiquiatra de turno. Lo que para nosotras fue un shock,
para ella es rutina. “Esto sucede todos los días”, dijo. No hay mucho más para hacer en
esas guardias: atar personas, medicarlas, desintoxicarlas, estabilizarlas lo justo para que
puedan irse… y quizás volver a los pocos días. En su mayoría, mujeres. Mujeres pobres,
jóvenes, solas, atravesadas por violencias múltiples. Mujeres que ingresan y egresan de un
sistema que ya no ofrece cuidado, sino apenas contención de emergencia.
No hay paradigma de reducción de riesgos y daños que aguante ante esta escena
cotidiana. No porque el paradigma no sirva, sino porque está siendo arrojado a un territorio
que lo supera: sustancias cada vez más adulteradas, servicios de salud colapsados, falta de
dispositivos intermedios, una ley de salud mental desfinanciada y mal interpretada, y un
narcotráfico que avanza con una potencia feroz en los barrios donde más debilidad estatal
existe. Cuando hay muertes, sí aparecen los datos (aunque nunca está claro si
incluyen a los pibes que el narcotráfico mata a balazos en los barrios); pero quienes
sobreviven de milagro a consumos cada vez más contaminados quedan por fuera de
cualquier estadística.
En este panorama, los dispositivos comunitarios que acompañamos tenemos que repensar
nuestras estrategias. No porque trabajemos mal, sino porque la realidad cambió. Lo que
antes era riesgo hoy es emergencia. Lo que antes era daño hoy es sobrevivencia pura. Y
mientras la crisis social profundiza las desigualdades, mientras el Estado llega tarde o no
llega, mientras las redes institucionales se achican, somos los espacios comunitarios
quienes seguimos sosteniendo lo que debería ser responsabilidad colectiva.
El viernes no fue excepcional. Fue una radiografía cruda de lo que viene pasando todos los
días en San Martín. Una postal de una crisis que estalla por todos lados: en los cuerpos, en
las guardias, en los pasillos, en las organizaciones, en quienes acompañan sin descanso.
Una crisis que nos obliga a decir lo que tal vez incómoda: no se puede seguir así. No hay
vida posible si el Estado deserta. No hay estrategia posible si la comunidad queda sola. No
hay cuidado posible si el narcotráfico organiza más rápido el territorio que las instituciones.
Y sin embargo, seguimos. Conmocionadas, agotadas, enojadas, pero firmes. Porque
quienes acompañamos consumos sabemos algo que a veces se olvida: que detrás de cada
“caso”, hay una persona que quiere vivir. Y que esa voluntad merece algo más que una
cama con vendas y una medicación de urgencia. Merece un Estado presente, políticas
reales, y un cuidado que no llegue después de 50 minutos de espera