En nombre del pueblo: No habrá impunidad para la policía

Rodrigo Alejandro Correa tenía 14 años. El TOC número 4 de San Martín fijó la pena del policía Hugo Daniel Pos en 16 años de prisión, luego de que el viernes pasado un jurado popular lo considerara culpable por el delito de homicidio. Sus cuatro amigos, chicos del barrio que estaban con él en el momento de la balacera, fueron los testigos principales del juicio, y el jurado les creyó a ellos, a pesar de que Pos intentó fraguar la situación para que parezca una “legítima defensa” tras un robo que nunca existió.

Ese 17 de julio de 2017 Rodrigo comió unas hamburguesas en su casa, se bañó con el calefón nuevo que había comprado su papá y se fue con Lautaro (16) y Octavio (18). Se encontraron en “el kiosco de Nancy” con Leonel (16) y Mateo (17), que cumplía ese día 16 años, y que aunque ya no vivía en el barrio sanmartinense de Billinghurst, estaba de visita para festejar con unos ñoquis en la casa de su tía.

Los cinco chicos planeaban quedarse jugando a la Play Station en lo de Leonel, pero primero iban a pasar a buscar unos juegos por lo de Octavio. Caminaban por la calle “boludenado”, haciendo chistes. Más adelante caminaba el policía Hugo Daniel Pos, que no estaba cumpliendo servicio pero portaba su arma reglamentaria. De pronto el policía empezó a dispararles con su Thunder Bersa 9 milìmetros. Descargó 16 tiros -todos los que tenía- contra sus cuerpos en pocos segundos, apuntando a 90 grados, apuntando a zonas vitales: con intenciones de matar.

La representación de la familia de Rodrigo Correa estuvo a cargo de Nahuel Berguier, abogado de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, que actuó en consonancia con la fiscal Noemí Carreira, de la UFI número 7.

La mentira

Hugo Pos inmediatamente después diseñaría una coartada: iría a buscar a su ex pareja, con la que tienen un nene que en ese momento tenía 9 meses. Le pediría que lo acompañe hasta la comisaría de la zona, donde denunciarían juntos haber sido víctimas de un robo: Hugo Pos quiso decir que disparó en defensa propia. Sólo la mujer sostuvo esta versión: no se encontró otra arma en la zona, las 16 vainas encontradas fueron disparadas por su propia pistola. El policía declaró recién en la última audiencia del juicio, y no pudo explicar nada: ni por qué su ex mujer lo acompañaba a él a altas horas de la noche, ni por qué no llamó al 911, ni por qué disparó hasta casi descargar el arma por completo contra los chicos, por la espalda.

Además en las cámaras de seguridad de la zona se lo ve solo, y recién se lo ve en compañía de su ex mujer después de las 11 de la noche, caminando para el lado de la comisaría 5ta. de Billinghurst. Antes de los hechos caminaba solo, con la capucha puesta y una bolsita que podría ser de pan. Esa mujer no estaba con él: le pidió que mienta para que lo favorezca.

En nombre del pueblo

La semana pasada se celebró el juicio oral y público en el TOC 4 de San Martín, y fue un jurado popular el que condenó “en nombre del pueblo” a Hugo Daniel Pos como autor del homicidio de Rodrigo Correa, agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policía, ya que por su función debería haber cuidado a este grupo de chicos.

El juez Di Giorgio explica en la sentencia que se considera un agravante a la corta edad de las víctimas: “su carácter de menores era fácil y notoriamente apreciable como se advirtió en el juicio y eso aún más al momento de los hechos, acontecidos hace más de un año; lo que importa no sólo es un desprecio a todo ser humano por su condición de tal, sino también hacia aquellos de corta edad, cercenando prematuramente la vida”, explica.

Los 12 jurados le creyeron a los chicos de la barriada, que tantas veces son señalados como los culpables de la “inseguridad”.

Jurado popular

Las estadísticas indican que a los jurados populares les cuesta más condenar a los imputados: están compuestos por personas comunes, sin relación con el poder judicial. Será porque saben o intuyen que las cárceles no son lugares donde sólo se pierde la libertad, sino que se trata de espacios medievales, donde ningún otro derecho se cumple. Unas semanas antes del juicio por Rodrigo, un jurado popular había absuelto al carnicero Daniel “Billy” Oyarzún, que persiguió y asesinó a un chico que había entrado a robar en su comercio. Aquellos hombres y mujeres deliberaron en los Tribunales de Campana, y consideraron que el carnicero había actuado en “legítima defensa”. Las expectativas de conseguir justicia, antes del juicio estaban marcadas por estas realidades.

Leíamos antes del juicio, que según estadísticas publicadas en septiembre de 2018, hubo desde 2015 hasta diciembre del año pasado un total de 173 procesos bajo esta modalidad. El 64% de ellos terminó en una condena para los imputados y el 34% restante con un veredicto absolutorio: en 6 de cada 10 se determinó la culpabilidad de los acusados. En tres casos no se alcanzó un veredicto porque se estancaron: esto sucede cuando son 9 los miembros que quieren condenar, ya que en caso de ser 8 se absuelve, y si es de entre 10 y 12 se condena. En dos casos los juicios fueron suspendidos. De todas formas, las condenas fueron creciendo: en los primeros 7 juicios, 5 imputados resultaron absueltos, pero luego a lo largo de 2015 se lograron 18 condenas de un total de 38 juicios. En 2016, en 35 juicios fueron 19 los acusados que recibieron una pena.

La selección

En la primera jornada se cita a 48 personas, mayores de 21 años. Las partes tienen la posibilidad de hacer preguntas a cada uno, y recusar a cuatro. De los restantes se sortean 12 titulares y 6 suplentes.

Los métodos para adivinar las creencias de cada jurado están en plena experimentación. El abogado defensor del policía les preguntó a cada uno de ellos cómo definirían con sus propias palabras a “un caso de gatillo fácil”. Sólo dos dijeron que era un “abuso de poder” cometido por alguna fuerza de seguridad. Estos dos jurados fueron recusados por la misma defensa. Otra mujer, contestó que “así dicen cuando una persona se defiende”, y fue recusada por la fiscalía, en coincidencia con los particulares damnificados.

Todo el resto de los entrevistados dijeron que un caso de “gatillo fácil” es cuando a alguien se le escapaba un tiro o dispara sin medir las consecuencias, o dispara al aire y accidentalmente mata a alguien. A todos se les preguntó si esa persona que dispara debía tener alguna característica particular, y nadie supo qué responder.

Los organismos de derechos humanos, las organizaciones antirrepresivas, la militancia dedicada al tema, muchas veces considera que ya está instalado el término “gatillo fácil”. El término nace por el ingenio del abogado que representó a los familiares de los chicos asesinados en la Masacre de Budge. León Zimermann citó en 1987 a Rodolfo Walsh, que definía a la policía bonaerense como “la secta del gatillo alegre y la mano en la lata”.

El término “gatillo fácil” también se esgrime como lema de la Marcha Nacional que organizan los familiares de víctimas -acompañados por organizaciones de un amplio arco político-, y que viene creciendo desde hace 4 años, y se desarrolla los 27 de agosto, del Congreso a Plaza de Mayo.

Así las cosas, era impredecible saber qué opinarían las 12 personas que asumieron el rol de jurados titulares. Seis personas más debieron permanecer durante todas las audiencias como suplentes, aunque no fue necesario que participaran de la deliberación. Aunque los jurados no estaban familiarizados con el término gatillo fácil, los jurados populares permitieron dar un cierre de condena a este caso que es claro ejemplo de “gatillo fácil”.

La mayoría de las ejecuciones a mano de funcionarios de las fuerzas de seguridad revisten en expedientes muy cortos, que se convalidan con “legítima defensa” sin una investigación seria al respecto. A las familias, víctimas también de otras violencias y carencias, les cuesta mucho impulsar las investigaciones judiciales.

Los pibes

En la segunda jornada declararon los adolescentes. El primero en hacerlo fue Leonel Zamorano, que todavía tiene el plomo alojado en el abdomen, y que aún no pudo recuperar de la herida en su pie, donde una bala entró por el dedo chiquito y salió por el metatarso, a la altura del dedo gordo. No pudo volver a jugar al fútbol, perdió el año en el colegio porque para ir tiene que pasar necesariamente por el lugar de los hechos. Quedó muy afectado por la situación, tiene pesadillas, no puede descansar.

Gabriela Carpineti, abogada de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, también reconocida por su trabajo en el juicio que condenó a 8 prefectos que torturaron a dos chicos de La Garganta Poderosa, estuvo a cargo de estos interrogatorios por parte de la querella. Gracias a sus preguntas pudimos saber sobre cómo siguió la vida de Leonel y la de Lautaro, que también la está pasando muy mal.

A Lautaro le hace falta su amigo Rodrigo, estaban todo el día juntos. Ni siquiera quiere seguir andando en bicicleta, haciendo piruetas como hacían antes. Los chicos declararon con la sala vacía: no se pudo lograr que lo hagan en cámara de gessel porque no se cuenta con instalaciones para que el jurado popular vea mientras declaran. Pero el TOC 4 accedió a que se retire el policìa de la sala en el momento de la declaración, para que no tengan que verle la cara. Los chicos estaban asustados. A Octavio y a Mateo se lo ve más enteros, aunque debe ser difícil para todos ellos convivir con el recuerdo, con la idea de que puede volver a pasar.

Hace unas semanas, declaró en el juicio por las torturas seguidas de muerte contra Fabián Gorosito, en Tribunales de Morón, una perito psicóloga que tomó declaración a los dos chicos que padecieron las torturas junto a Fabián, pero sobrevivieron y son testigos y vìctimas en el mismo juicio. La psicóloga explicaba que el trauma que queda en las personas después de vivir situaciones de violencia institucional es muy severo: uno suele vivir con la creencia de que determinadas cosas no le van a pasar, pero una vez que pasan esa certeza se cae, y se vive en estado de alerta permanente. La energía vital de las personas se consume en ese trauma, que se desencadena por cualquier ruido o imagen que active la memoria. Es muy difícil para ellos concentrarse, como para ver una película, como para sostener un empleo, como para tener ganas de levantarse cada día. Cuando es el Estado el que ataca la sensación de desamparo es absoluta.

Los barrios

La policía no actúa de la misma forma en todos lados. Su conducta es mucho más respetuosa en un barrio acomodado como Villa Ballester que en una villa. Hay prácticas violentas que los mismos policías justifican por la forma que tienen de concebir a su trabajo: como ellos arriesgan sus vidas, sienten que tienen derecho a “aplicar un correctivo” en caso de que alguien les falte el respeto.

Estos imaginarios fueron analizados en un extenso trabajo de campo del académico José Garriga, donde además considera cómo estos imaginarios se enlazan con los discursos que reducen la cuestión de la “seguridad” como un “combate” contra chicos con determinada “portación de cara”, con visera y zapatillas deportivas, que viven en determinadas barriadas. Los discursos de odio estigmatizan a estos grupos -también a las identidades en disidencia con los modelos hegemónicos- dejándolas mucho más expuestas a situaciones de violencia.

El “olfato policial” justifica este tipo de conductas, pero no nace de un repollo: es un discurso que se reproduce en los medios de comunicación y las instituciones, y que tiene pregnancia en una sociedad bombardeada por un mismo hecho violento que se multiplica al infinito en todas sus pantallas.

Conclusiones

Tanto la fiscalía como el particular damnificado, Julio Correa, padre de Rodrigo, representado por Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional coincidieron en pedir una pena de 16 años de prisión para Hugo Daniel Pos. El juez Julio César Di Giorgio consideró que la pena era pertinente y la fijó en ese mismo plazo.

Muchas veces la cantidad de años no satisface a los familiares, que comparan este tiempo con el tiempo de vida que les arrebataron para compartir con sus seres queridos. Sin embargo, las penas más severas no reducen el delito. Lo importante es que haya condenas, y que esas condenas puedan ser decodificadas como un mensaje: no habrá impunidad para quienes se atrevan a reprimir a nuestros pibes y pibas.

La búsqueda de justicia es una búsqueda de algún tipo de reparación, pero la calma no llega una vez concluido el proceso judicial.

Son incontables las familias que no logran llegar siquiera a esta instancia. El acceso a la justicia es una carrera con obstáculos: elevadas tasas, es obligatorio contar con una representación letrada para poder participar del expediente, el lenguaje excluyente con que se comunican los operadores judiciales. Por eso decimos que cuando una familia accede a una condena para un policía agresor, hay un triunfo de la organización popular. Nadie lo logra en soledad.

Para llegar al juicio la familia de Rodrigo Correa organizó marchas, pintaron murales, salieron a volantear todo el barrio, comieron una choriceada con militantes de diversas organizaciones populares, y hasta llevaron una bandera a la cancha de Chacarita, y el equipo salió a la cancha pidiendo Justicia por Rodrigo. Esa experiencia de lucha, ese saber acumulado en la barriada es la principal condena para todos los responsables de todos los pibes y pibas que no cuidamos, para que no pase nunca más.

 

Por Vanina Pasik

Fotos: Facundo Miguel Nívolo y Franco Ponce