EN SU CASA Y SIN CUSTODIA: El único policía detenido por la Masacre de Wilde, con arresto domiciliario

A 25 años de la llamada “Masacre de Wilde”, la vecina de San Martín Raquel Noemí Gazzanego denuncia que la Justicia le concedió prisión preventiva domiciliaria al ex policía Marcos Ariel Rodríguez, uno de los asesinos de su marido. Edgardo Cicutín y tres personas más resultaron víctimas fatales de este caso de gatillo fácil que conmovió al país en 1994, cuando un grupo de 11 policías de la ex Brigada de Lanús acribilló a cuatro personas inocentes. El Tribunal Oral Criminal N°3 de Lomas de Zamora aún no hizo el juicio.

Como existe el peligro de que se cierre la causa, todos los años se marcha para que haya memoria sobre la Masacre de Wilde. Los familiares de las víctimas vienen peleando por conseguir justicia, con un poder judicial que desde un primer momento dio la espalda a sus reclamos. Gazzanego -esposa de una de las víctimas- fue quien brindó los datos sobre el paradero de Rodríguez, quien estuvo prófugo durante 22 años. El ex policía aparecía en los padrones electorales con domicilio en la provincia de Córdoba, y fue así como la mujer de 56 años empezó a investigarlo, hasta que finalmente lo denunció ante la justicia y resultó detenido mientras atendía su negocio en la ciudad de La Falda.

“Rodríguez pudo escapar porque en aquellos tiempos los hechos eran investigados por las mismas fuerzas de seguridad, y la Brigada de Lanús lo mantenía al tanto de todo. Sus propios vecinos de Pacheco fueron quienes nos dijeron que se había dado a la fuga rumbo a Córdoba -donde tiene familia-, y desde ese momento empecé a perseguirlo. Ahora argumentan que le dieron el arresto domiciliario por su diabetes, pero está sin ningún tipo de monitoreo. La semana pasada fui personalmente hasta el domicilio y pude chequear que no está la Gendarmería Nacional, como nos habían dicho”, asegura Gazzanego, a Zorzal Diario y muestra el video que prueba lo que dice, grabado con su propio celular.

Este terrible hecho de violencia institucional ocurrió el 10 de enero de 1994: cuatro inocentes asesinados a balazos por once oficiales de la ex Brigada de Investigaciones Lanús de la Policía Bonaerense. Los uniformados dispararon 270 balas contra los autos. El marido de Raquel vendía libros para la editorial Cisplatina y se movía en un Dodge 1500 conducido por Claudio Díaz, sobreviviente. Las otras víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505.

A 25 años, aún no ha habido condena para los acusados, un grupo de policías que perseguía a supuestos delincuentes que iban en dos autos, huyendo de un presunto robo a una sucursal del Banco Galicia. Luego dijeron que los sospechosos transportaban cinco kilos de cocaína.

Cicutín, de entonces 33 años, era padre de Natalia, de 8, y Gonzalo, de apenas 8 meses.

Los once uniformados prestaban servicio en la Brigada de Lanús, cuyo subjefe era el comisario Juan José Ribelli, detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la mutual judía AMIA. También fue jefe de las brigadas de Quilmes y Almirante Brown, y de la División Sustracción de Automotores de Vicente López. “El Lobo” Ribelli pasó más de ocho años en la cárcel, donde se recibió de abogado.

En un momento hubo una elevación a juicio oral para ocho policías, acusados de ser los autores materiales de los cuatro homicidios: Roberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto y Hugo Reyes. Todos fueron absueltos. Otros dos, César Córdoba y Carlos Saladino, fallecieron en los últimos años. Marcos Ariel Rodríguez, que estaba prófugo, fue capturado en noviembre de 2014 en la ciudad cordobesa de La Falda, detenido por rebeldía a la autoridad y no por los crímenes ocurridos en 1994.

Ahora, el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Lomas de Zamora hace poco le concedió la prisión preventiva domiciliaria a Rodríguez. Esto sucede justo cuando los familiares recibieron la noticia de que están cerca del debate oral. Les dijeron que iniciarían el juicio el mes de agosto del año en curso. Están en etapa de presentar pruebas y los defensores de los policías imputados hasta el momento no lo han hecho, lo cual resulta un obstáculo para llegar a juicio: “Están ejecutando un plan para que la causa prescriba y los policías queden libres”, aduce Gazzanego.

“Es evidente que existe una complicidad entre la Policía, el Poder Judicial y la política que legitiman el gatillo fácil. Sé que no me van a devolver a Edgardo, pero al menos quiero que los culpables paguen”, reclama la mujer.  Y continúa:”Mis hijos se criaron en esta sociedad indignados y no creen en las instituciones, es muy duro vivir así, sin poder darles una respuesta”.

Gazzanego es representada por el abogado Ciro Annicchiarico, de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, quien cada vez que se pretende archivar la causa presenta una serie de argumentos que demuestran la culpabilidad de los policías: pero los magistrados se resisten al debate oral y público. El tiempo pasa y los testigos van muriendo.

“Estoy indignada, porque en medio de todo esto, Rodríguez pide prisión preventiva domiciliaria y se la dan como si nada hubiera pasado. Es una persona que estuvo prófuga durante 22 años. Ahora está tranquilo en su casa en Pacheco. Pienso que va huir nuevamente antes del juicio. Estamos juntando firmas para que esto no suceda”, dice Gazzanego.

Lo concreto es que los policías violaron todos los límites impuestos por la ley y su propio protocolo de procedimiento. Se movilizaban en autos particulares y con ropa de civil. Además, Rodríguez estaba apartado de la Bonaerense por dejar a su compañero solo durante el traslado de un detenido y lo mataron. Un año después apareció trabajando en la Brigada de Lanús.

“Edgardo se levantaba todos los días e iba a su trabajo. Cuando volvía a casa colaboraba en todo, un gran compañero. Adoraba con locura a sus hijos. Era muy familiero, todos los domingos almorzaba con su abuela. ‘El Gordo’ se preocupaba mucho por todos nosotros. Cuando lo matan estábamos por bautizar a Gonzalo, que tenia 8 meses. Lo habían operado de la columna y no podía hacer fuerza, pero igual alzaba al bebé todo el tiempo”, recuerda Gazzanego, muy emocionada.

Natalia Cicutín hoy tiene 34 años, cursó el secundario en el colegio Estados Unidos de San Martín y luego se recibió de diseñadora gráfica. “Cuando mataron a mi papá yo tenía 8 años. Tengo pocos recuerdos. Se iba temprano y volvía tarde a casa, le gustaba jugar a los videos, amaba la tecnología. Hasta que llegó ese día, cuando vinieron a buscar a mi mamá y nos dijeron que le habían pegado un tiro a mi viejo”.