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Opinión | Hay que desmilitarizar las fuerzas de seguridad

En las sociedades modernas contemporáneas la problemática de la inseguridad es muy difícil de abordar. El delito no se combate con armas poderosas y patrulleros, eso solo genera más violencia. La criminología debe ser una disciplina que garantice los Derechos Humanos de todas las personas. Tanto a las víctimas como a los victimarios. Se tienen que aplicar estrategias de prevención e intervención, pero no para reprimir al delito una vez que ya ocurrió.

Deberían descentralizar las políticas de seguridad para que se expandan. Formar comités ciudadanos donde la sociedad civil participe y discuta sobre el asunto. Porque en los últimos 40 años, la mayoría de las personas que están afectadas a este debate son o fueron miembros de las mismas fuerzas de seguridad, o tienen alguna cercanía. En este sentido el complot entre estas agencias represivas es altamente probable.

Arman una “pornografía del delito” para atormentar a la sociedad y de este modo logran que sea el propio Pueblo quien pida patrullas, mano dura y más cárceles

Un recorrido por la historia permite observar que las distintas policías funcionan en la sociedad civil con mucha autonomía. La precariedad institucional que existe se puede ver en casos como el de Lucas González, el joven futbolista de 17 años que fue ejecutado en Barracas por una brigada y cientos de personas que son acribilladas por miembros de las fuerzas de seguridad en forma anual en todo el país. El gatillo fácil está instalado.

Políticas de seguridad centralizadas generan sectores muy oscuros, es decir, corrupción, coima y soborno. La gran mayoría -no todos- de los miembros de las fuerzas de seguridad son quienes terminan organizando y manejando las zonas donde ocurren los delitos. Tal como lo explica el escritor Marcelo Saín en su libro: “Por qué preferimos no ver la Inseguridad”, publicado en 2017. Además, son quienes ejercen la mayor violencia en la comunidad dándole un rasgo militarizado.

La manipulación de los medios hegemónicos de comunicación, por sobre todo la televisión, dibujan la figura del enemigo público de la sociedad. Siempre resulta ser un pibe de algún sector popular que usa gorra, ropa deportiva y tiene aspecto sucio. Lo hacen armando una “pornografía del delito” para atormentar a la sociedad y de este modo logran que sea el propio Pueblo quien pida patrullas, mano dura y más cárceles. Como lo explicó la fallecida criminóloga venezolana Lola Aniyar de Castro, en su libro “Criminología de los Derechos Humanos”, publicado en 2010.

El sistema de cámaras tampoco brinda una solución, porque no disminuyen los hechos de inseguridad: solo se produce una migración del delito. Por eso las personas van y comenten los hechos en otro sector o en sus mismos barrios donde no están vigiladas. Esta estrategia permite reprimir una vez que ya ocurrió, sirve para identificar al autor de un robo u otro crimen para reconstruir el episodio.

El delito no se combate con armas poderosas y patrulleros, eso solo genera más violencia. Para que algo mejore, se tienen que producir cambios profundos. Hay que desmilitarizar las fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios del país. Las cárceles son una deuda de la democracia.

Muchas personas cometen delitos pero solo se juzga y condena los que son protagonizados por las personas de los sectores más desfavorecidos. Esto se traduce en la criminalización de la pobreza, como decía el socialista Alfredo Palacios.

Quienes hablan en materia de seguridad no proponen una alternativa para disminuir la violencia. Para que algo mejore, se tienen que producir cambios profundos. Hay que desmilitarizar las fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios del país. Las cárceles son una deuda de la democracia.

Las penitenciarias deberían cumplir dos funciones: vigilar y brindar tratamiento. Pero en la práctica funciona de forma contradictoria e indiscreta. En el encierro las personas involucionan. Sufren torturas, hambre, frío y hacinamiento extremo. Es por eso que salen más enojadas y es muy difícil que todo esto no se replique en las calles cuando salen en libertad.

El contexto de encierro está desbordado de personas que -en su gran mayoría- están presas como consecuencia de las desigualdades que existen en la sociedad. Son quienes están afuera del sistema económico, laboral, educativo y no participan en el consumo masivo que propone el sistema. Son los resultados de las políticas neoliberales y regresivas que van aplicando los funcionarios durante su turno.

Muchas personas cometen delitos pero solo se juzga y condena los que son protagonizados por las personas de los sectores más desfavorecidos. Esto se traduce en la criminalización de la pobreza, como decía el socialista Alfredo Palacios.

Hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas que no tienen introyectada la cultura del trabajo y tampoco el apego a las normas sociales: porque no se lo enseñaron. En este sentido el cooperativismo y el mutualismo suplieron una falla sistémica que es histórica. Fue posible por el esfuerzo de las personas que transitaron el encierro y hoy están en libertad. Ellas mismas son quienes organizaron el trabajo de la nada, lo sostuvieron en el tiempo y generaron valor. Además, está totalmente comprobado que con la educación, arte y trabajo, las personas que permanecen en el cautiverio pueden proyectar sus vidas y ser felices. La experiencia muestra que es la mejor manera de combatir la inseguridad.

Es necesario que se reconozca el trabajo que las personas de la sociedad civil hacen en las cárceles. Se tienen que crear políticas públicas que garanticen el acompañamiento a las personas mientras transitan el encierro y cuando salen. Las autoridades deberían seleccionar en forma exhaustiva a quienes mandan a trabajar a los penales y los institutos donde permanecen los adolescentes en conflicto con la ley penal.

La sociedad actual tiene una gran deuda con los jóvenes. Durante la pandemia declarada por el Covid-19 fueron los más acusados de romper las reglas y hacer reuniones clandestinas. Todo el peso cayó sobre ellos. El virus además de matar gente produce efectos secundarios como: miedo, angustia, incertidumbre, paranoia y hasta la psicosis social. Sin embargo, existe una voluntad manifiesta de echarle la culpa a los pibes y pibas de todo lo que pasa. Hay que tomar el control civil de las fuerzas de seguridad para desmilitarizar, disminuir la violencia en la comunidad y cuidar a las juventudes.

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