Un siglo para la justicia

La Justicia Federal juzgó la ‘Masacre de Napalpí’; el 19 de julio de 1924 cientos de personas de los pueblos Qom y Moqoit fueron asesinadas. Se investigó a  los responsables, sus vínculos y motivaciones. La sentencia fue histórica: en Napalpí se cometieron crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio de los pueblos originarios. El juicio había comenzado el 19 de abril y terminó la semana pasada. Por Victoria Silver

La frontera de una justicia lenta, selectiva, blanca y liberal se logró romper mediante la articulación de la lucha de comunidades indígenas, organizaciones comunitarias y diversas instituciones y niveles del Estado, y finalmente, el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia dictaminó que los crímenes cometidos en Napalpí fueron en el marco del genocidio, categorizándolos como crímenes de lesa humanidad.

En el juicio se puso sobre la mesa el contexto histórico, que ya había legalizado y legitimado la represión en defensa del modelo agro exportador, y fue en este escenario que el gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno -con la aprobación de Alvear- ordenó reprimir el 19 de julio de 1924. Cientos  de policías y gendarmes de línea, acompañados por civiles armados, llegaron hasta la localidad donde estaba Napalpí. Horas antes un avión Curtiss Jenny que pertenecía al Aeroclub del Chaco había volado bajo y arrojado caramelos: había que endulzar al enemigo para saber dónde estaban y ser certeros con  el ataque. Durante más de una hora se dispararon desde aire y tierra miles de balas contra la población.  El avión se hizo  arma por primera vez y el monte volvió a ser  refugio y comida durante los días de la embestida.

El debate oral comenzó el 19 de abril y tomó el formato de  juicio por la verdad:  a la demanda histórica encabezada por organizaciones como la Comisión Memorial Napalpí y  la Fundación Napalpí – que contaron con el aporte documental de historiador Qom, Juan Chico-  se sumaron los fiscales  Diego Vigay y Federico Carniel, y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH). Una de las apuestas de este juicio fue la de involucrar y acercar a las comunidades, por lo que desde el comienzo las audiencias itineraron por las localidades de Resistencia, Machagai y Buenos Aires.

La sentencia -que fue leída en Qom y Moqoit entre las banderas argentina, chaqueña y whipala incluyó una reconstrucción pormenorizada de los hechos de julio de 1924, y el contexto histórico en el cual sucedieron, indicando que el Estado planificó y organizó la masacre.

Entre las medidas reparatorias indicadas por el tribunal se ordenó darle continuidad al plan de búsqueda iniciado por el Equipo Argentino de Antropología Forense para la restitución de los restos óseos a las comunidades, la creación de un reservorio de todo el material documental recolectado a lo largo proceso de investigación, la inclusión en las currículas escolares primaria, media y universitaria de la masacre, y la publicación en lengua qom y moqoit de toda la información relativa a este juicio.

Noventa y ocho años después

El 10 y 12 de Mayo  las audiencias se realizaron en el  Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA, un espacio cargado de símbolos identitarios, declararon antropologues, geógrafes, arqueólogues e historiadores apuntando datos y detalles de los procesos históricos, políticos, económicos y culturales que posibilitaron tanto la  masacre como su posterior olvido.

Sentada frente al tribunal y rodeados de estudiantes de escuelas secundarias, mates ruidosos y susurros de emoción, Silvina Tunrer – arqueóloga del Equipo Argentino de Antropología Forense- contó que en la etapa de instrucción de la causa se inspeccionaron 18 sitios que fueron señalados por descendientes y sobrevivientes donde, según las memorias familiares,  podrían haber estado emplazadas las fosas comunes. En la segunda excavación se hallaron restos óseos. Las fotografías de ‘La Pampita’ que mostró Turner para representar el espacio donde estaban ubicados los enterratorios, revelaron un poco más de lo visible: tres árboles flacos en una extensísima llanura verde; el mismo  campo llano, extenso,  verde y abierto, por donde sobrevoló en por lo menos dos ocasiones el avión Curtiss Jenny, según el testimonio del aviador Marcelo Covello, quien informó además que esta fue la primera vez que se detectó el uso de un aeroplano como arma para el combate en la historia Argentina. Remarcó Covello que la presencia de esta nave causó un impacto simbólico y material: del asombro al terror, de la sorpresa a la muerte.

‘Las balas no cayeron en un vacío cultural’, indicó el historiador Mariano Nagy. Desde esta premisa retomaron los testimonios Diana Lenton y Hugo Trinchero, que señalaron que el ejercicio de prácticas genocidas contra los pueblos indígenas comenzó por lo menos tres décadas antes de la masacre, con la campaña patagónica, subrayando que a los asesinatos y al destierro, se debe añadir la compra de indígenas para el servicio doméstico, pues esta práctica tuvo como consecuencia la desarticulación de  los grupos familiares originarios:  ‘¿cómo no se iban a peder las lenguas si ya no tenían a nadie con quien hablar?’ apuntó Lenton. 

Otros juicios por la verdad

En la Argentina, los Juicios por la Verdad tienen su antecedente en los procesos que se desarrollaron mientras estuvieron  vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; sin capacidad punitiva pero permitiendo acumular una gran cantidad de testimonios e información sobre lo ocurrido durante los años de la dictadura. Mediante estas acciones se buscaba garantizar el derecho a la verdad.                                              

En el caso de Napalpí donde las personas que debieran ser juzgadas hoy están fallecidas, como la mayoría de sus víctimas directas, este proceso sirve para establecer la responsabilidad del Estado en la violación a los derechos humanos de los Pueblos Moqoit y Qom, llevando al debate oral a los hechos ocurridos en 1924.

No existe un número certero, pero los muertos se cuentan de a cientos. Es clave que hayan sido encuadrados como delitos de lesa humanidad, delitos que no prescriben por haber sido perpetrados desde el Estado, un Estado con la capacidad de garantizar la continuidad del silencio, fundamental para la impunidad de los responsables físicos. En el estrado de la Justicia, hacer voz, testimonio y experiencia repone un olvido sistémico, hace Historia y transforma posibilidades de futuro.

Modelo extractivo y reducciones

En la década 1920 – 1930 en la Argentina las élites trabajaron arduamente  para consolidar el modelo de acumulación agroexportador que buscaba colocar las producciones agropecuarias principalmente en el mercado exterior europeo y establecer así un modelo económico-social bajo la dirección política y cultural del sector agrocapitalista. Esto se expresó en las tensas relaciones políticas entre los dueños de las producciones y quienes las realizaban: en los gobiernos de H. Irigoyen y Marcelo T. de Alvear, la represión contra quienes protestaban por las formas, tiempos y métodos  de trabajo se hizo política: las represiones de las huelgas en los Talleres Vasena (1919), la  patagonia rebelde (1920-22) y la Forestal (1921) fueron señales paradigmáticas. 

Luego de las campañas ‘conquistadoras’  realizadas en el territorio argentino durante las últimas décadas del siglo XIX, el proyecto civilizatorio organizado por el Estado argentino  instituyó  el sistema de reducciones y misiones religiosas que buscaban  concretar el reasentamiento y la sedentarización forzosa de los pueblos indígenas que habían sido desalojados violentamente tiempo atrás de su territorio. En la zona del Gran Chaco el mayor interés era la proletarización de las comunidades: convertirlas en mano de obra para incorporarlas a la naciente industria del algodón y el azúcar.

La reducción indígena de Napalpí fue fundada en 1911 en el Territorio Nacional del Chaco (actual provincia de Chaco, Argentina). Hasta allí fueron conducidos por el Gobierno Nacional centenares de Qom y Moqoit. La mayor parte de sus integrantes pertenecían a estos pueblos y hacia 1915 habitaban en la Reducción alrededor de 1.300 indígenas.

El 19 de julio de 1924, allá en el Gran Chaco ocurrió la masacre. En esos días en la reducción se había iniciado una protesta por la quita realizada por la Administración del 15 % de las cosechas de algodón y la prohibición de la contratación de trabajadores indígenas fuera del territorio donde estaban confinados.

Según datos del censo de 2010 hoy son más de 30.000 personas que se reconocen Qom.